No parece haber sentado muy bien al Gobierno canadiense el que Estados Unidos incluyese a su país vecino en la lista de los cinco países que más le «roban» a través del intercambio de archivos. Por ello, se ha apresurado a lanzar una ley antipiratería que perseguirá a los usuarios que descarguen archivos con copyright así como a los que realicen copias con multas de hasta 4.000 euros.
La actualización de la ley que busca la protección de la propiedad intelectual (la actual data de 1997) prevé fuertes sanciones para los usuarios que realicen copias de DVD con protección así como facilitar a la industria cultural el acceso a los datos personales de aquellos que realicen descargas a través de redes P2P. Los proveedores de Internet habrán de ceder los datos de los usuarios previa petición de los poseedores de los derechos de autor para que los tribunales actúen de manera punitiva si ven infracción del copyright.
«Según nuestros cálculos, la piratería destuye millones de dólares al año», declaró el ministro de Industria canadiense, el conservador Tony Clement, para justificar la llegada de la nueva ley. Para acabar con estas pérdidas, el Gobierno se ha posicionado del lado de los creadores, aunque asegura que el proyecto de ley busca el «equilibrio entre los intereses de los consumidores y los derechos de la comunidad creativa».
Equilibrio un tanto desproporcionado a tenor de las multas con que podrían ser sancionados los usuarios. Hasta 5.000 dólares canadienses (3.924 euros) de multa para quienes rompan la codificación digital de los discos DVD para hacer copias personales e igual cantidad para quienes descarguen o cuelguen material protegido con copyright en redes P2P.
Las multas se elevarán hasta el millón de dólares canadienses (784.800 euros) para quienes violen las protecciones digitales con el objetivo de obtener beneficio económico.
Por otro lado, la ley prevé la extensión a 50 años de los derechos intelecuales de música y fotografías, a partir del momento de su publicación así como dos excepciones en cuanto a la «ruptura» de la propiedad intelectual: un profesor sí podrá poner a sus alumnos una película con copyright para explicar una lección -siempre que no haya sido desprovista de su protección anticopia- y el usuario sí podrá liberar un teléfono móvil de forma legal para cambiar de compañía si ha finalizado su contrato.