Europa expedienta a España por el ‘eCall’ de los coches y su despliegue incompleto

Europa expedienta a España por el ‘eCall’ de los coches y su despliegue incompleto

Carlos González

El eCall es obligatorio para todos los coches –comercializados nuevos, claro- dentro de la Unión Europea. ¿Qué es esto? Pues es una tecnología que antes era opcional, un extra dentro de los paquetes de equipamiento de seguridad, que sirve para hacer una llamada automática a los servicios de emergencia cuando se produce un accidente de tráfico. Es obligatorio desde el pasado mes de abril, y ahora la Comisión Europea ha anunciado que ha abierto un expediente a España considerando que no se ha desplegado de forma íntegra la infraestructura asociada.

La promesa, respecto a esta tecnología en España –y a nivel europeo- pasaba por la implementación de la tecnología eCall de manera obligada en todos los coches comercializados nuevos desde el pasado mes de abril. Según lo mismo, todo vehículo nuevo debería contar con ello, y detrás, con toda la infraestructura necesaria para que se lleve a cabo una llamada automática a los servicios de emergencia en caso de que se produzca un accidente. No ha sido así, según las consideraciones de la Comisión Europea, que ha anunciado que ha abierto un expediente a España en relación al despliegue de infraestructura.

La Comisión Europea ha abierto un expediente a España: no se ha desplegado de forma íntegra la infraestructura detrás del eCall en los coches

El problema señalado por la Comisión Europea está en que no se ha desplegado íntegramente la infraestructura correspondiente a los centros de llamada de emergencia. Esta infraestructura es requerida para recibir y gestionar las llamadas que lleva a cabo el sistema de emergencias eCall. Entre las consideraciones de Bruselas, España no ha hecho un despliegue adecuado de la infraestructura y, por tanto, se incumple la normativa europea relativa a la seguridad vial. Ahora, las autoridades de nuestro país tienen un plazo de dos meses como máximo para dar respuesta.

En caso de no hacerlo, la Comisión Europea podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se plantearían posibles sanciones económicas. Mientras, lo que no se ha demorado es la inversión en dispositivos de control de velocidad en las carreteras, entre otras medidas impulsadas por los pésimos datos de mortalidad en carretera durante los últimos años.