La Comunidad de Madrid se gastará millones en migrar de Windows XP a Windows 8.1

La Comunidad de Madrid ha convocado un concurso por el cual pretende contratar la migración de sus sistemas informáticos obsoletos que actualmente usan Windows XP para actualizar a Windows 8.1 en los equipos de la Administración. Harña falta una inversión millonaria para renovar cerca de 30.000 ordenadores y adaptarlos a las necesidades del día a día de los organismos públicos de Madrid.

La Administración Pública suele ser una de las últimas en subirse al carro de los nuevos avances en tecnologías. La necesidad de invertir dinero público en este tipo de actualizaciones y la gran cantidad de equipos afectados hace que cada renovación requiera de tiempo y de un largo proceso legal marcado por la situación económica de cada ente y la normativa al respecto.

Pero la Comunidad de Madrid ha decidido poner al día sus sistemas operativos y para ello ha sacado a concurso público la adjudicación de 2 lotes por los cuáles se renovarán los equipos informáticos y se migrará a Windows 8.1, el sistema operativo más reciente de Redmond, al menos en cuanto a una versión comercial se refiere, ya que Windows 10 está a las puertas de su lanzamiento. Ambos lotes han sido diferenciados para dedicar uno de ellos al grueso de la Administración  y otro exclusivamente a la Consejería de Sanidad, debido a la importancia y volumen de esta área, y se ha limitado la participación en dicha subasta, impidiendo poder presentarse a ambos.

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La Administración sigue confiando en Windows

Los motivos para llevar a cabo la migración de sistemas en este momento es la falta de soporte a Windows XP, por lo que han decidido saltarse de golpe versiones intermedias (Vista, Windows 7…) para tratar de alargar en el tiempo una futura renovación, cuando Windows 8.1 esté en la misma situación. Está previsto que el contrato se inicie en septiembre de este mismo año y tendrá una duración de 2 años con un presupuesto de 6,3 millones de euros, algo que no incluye las licencias de uso necesarias para dicho software.

A raíz de la crisis, algunas Administraciones Públicas han comenzado a fijar tímidamente su vista en el software libre como forma de ahorrar costes, pero la dificultad de implantarlo de forma generalizada, la falta de formación de los usuarios y la incompatibilidad que surge en muchas ocasiones con procedimientos públicos que ofrecen soporte prioritario a Windows y Mac OS X no han permitido que herramientas como Linux puedan hacerse con una parte representativa del mercado.