Cierran el IPTV pirata más barato y completo: adiós a 900 canales y 8000 películas por 4 euros al mes
El negocio de IPTV pirata sigue siendo uno de los que más daño hace a los poseedores de los derechos de propiedad intelectual. Para ir acabando con este negocio que tantas pérdidas reporta, se suceden las megaoperaciones para tumbarlos, como esta que ha ocurrido en Argentina contra uno de los servicios ilegales de televisión más económicos a la par que completos que hemos visto.
El servicio de IPTV pirata se llamaba Digital TV, contaba con unos 85.000 clientes y por solo 4 euros al mes ofrecía una barbaridad de canales latinos y del resto del mundo.
Adiós a un IPTV pirata con miles de canales
Digital TV IPTV contaba con la baza del gran precio con el que contaba. “Estos precios pueden compararse con una pizza, una gaseosa y unas patatas fritas. Nos enfocamos en que el servicio sea económico y que brinde calidad acorde al precio”. Efectivamente, el coste mensual del servicio era de solamente 1.200 pesos argentinos, aproximadamente 3,94 euros al mes al cambio.
A pesar de esa cantidad tan baja por ver el servicio, esta IPTV pirata ofrecía acceso a más de 900 señales de televisión, entre los cuales se encontraban retransmitidos ilegalmente canales exclusivos de DirecTV. En la plataforma ilegal también había 8.000 películas, 400 series y se podían ver señales de diferentes partes del mundo.
Como responsable principal de dar soporte al servicio hay un sospechoso detenido. Se trata de un joven de un joven de 22 años, de profesión técnico informático, e identificado por fuentes judiciales como Martín Coll. Según fuentes judiciales, Coll está imputado del delito de defraudación a los derechos de autor. De ser encontrado culpable en un juicio, podría recibir una pena de prisión de entre un mes y seis años de cárcel.
El servicio ilegal tenía ya 85.000 suscriptores que pagaban, en promedio, esos 1.200 pesos mensuales por el servicio. Como resultado, el imputado facturaba 100 millones de pesos argentinos mensuales (aproximadamente 328.000 euros al mes) por el servicio de IPTV pirata con el que retransmitía señales de televisión que le robaban a importantes empresas de TV por satélite y de streaming.
Siguiendo el rastro
La investigación se llevó a cabo por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) de San Isidro, conducida por Alejandro Musso, y de detectives de la Superintendencia de Investigaciones de la policía de Buenos Aires.
La técnica fue una clásica en las investigaciones de este tipo para recopilar pruebas: la del falso cliente. Una de las vendedoras atendió a las cuestiones de un hipotético cliente. La vendedora no lo sabía, pero la persona a la que estaba respondiendo un mensaje de WhatsApp no era un potencial cliente que quería saber el precio y los canales que ofrecían desde la app para la que trabajaba. Su interlocutor, en realidad, solo buscaba pruebas para presentar ante la Justicia con el objetivo de desbaratar un negocio ilegal que llegó a facturar esos más de 300.000 euros mensuales. El falso cliente consiguió las pruebas que necesitaba. Hasta llegó a abonar un abono mensual de Digital TV para tener todo documentado en la denuncia que fue presentada ante la UEFIC.
Este falso cliente era realmente parte de Asset Protection, el Área de Investigaciones de DirecTV, una de las empresas damnificadas por el IPTV pirata Digital TV. Los investigadores suponen que detrás de Coll hay más gente involucrada. Lo que sí está confirmado es que había una red de reventa que había traspasado fronteras. “Según se pudo determinar durante la investigación, la estrategia de Coll consistió en armar una red de revendedores y superrevendedores (llamados así por la escala de las transacciones), que se encontraban distribuidos en todo el país e incluso ya se había extendido a otros países de América Latina, como Uruguay, Paraguay y Costa Rica. Este tipo de delito genera pérdidas millonarias a las empresas y a los creadores de contenidos, atenta contra miles de fuentes de trabajo legítimas en la industria e impide la recaudación de impuestos”, explicaron fuentes judiciales.
