España revolucionará los puntos de recarga de los coches eléctricos
Es una realidad que la red de puntos de recarga pública para vehículos eléctricos en España es insuficiente y está mal repartida. Una conclusión de la que se viene incidiendo desde bastantes años, y por la que han sido varias las veces que las patronales de fabricantes y concesionarios han pedido al Gobierno que se fije mayores objetivos y se dote de herramientas más ambiciosas. Ahora, para posicionar a nuestro país en un rango mucho más alto, se prepara para hacerlo posible en los próximos meses.
España quiere cambiar la dinámica con más puntos de recarga
Diversos estudios demuestran que el desarrollo de la red de puntos de carga es determinante para la expansión del vehículo eléctrico. Un aspecto en el que España se encuentra entre los últimos puestos en Europa, con apenas 10 puntos de carga por cada 100.000 habitantes. Así, nuestro país representa el 12% del territorio, pero solo tiene el 3% de la recarga mientras que Italia con un 7% ya ha instalado el 6% de los puntos de recarga o Francia, con el 14%, ofrece el 21%, según datos de principios de 2022.
El ranking europeo está liderado por Países Bajos con cerca de 70.000, Noruega o Suecia. Por detrás, quedan Francia (45.751) y Alemania (44.538). Esa elevada dotación de infraestructura de los primeros países europeos, sumada a la concienciación medioambiental, menores costes de mantenimiento y ventajas fiscales añadidas, es la que explica su ventaja en la penetración del vehículo eléctrico, con un 36,7%, 2,7% y 5,2% del mercado.
Con todo, y para intentar posicionar a España en un lugar donde se materialice esa apuesta por el coche eléctrico, el Gobierno prepara para los próximos meses un plan del que se hará por aumentar tanto el número de puntos públicos para su recarga como de una nueva intención en los límites de potencia.
Cómo será esta nueva regulación
Con todo, del total de 224.237 puntos de recarga que hay repartidos por Europa, España cuenta con un total de 13.411 infraestructuras de acceso público. «A lo largo del año 2021 se han instalado 4.866 puntos, un crecimiento cuatro veces inferior al necesario para acompasar el crecimiento del mercado» explicaba entonces Anfac (la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) en la presentación de uno de sus últimos barómetros de electromovilidad.
Pero parece que hay una primera luz al final del túnel. Y es que, con el propósito de revertir esta situación, el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó el pasado mes de diciembre un Real Decreto que ayude a digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública. El objetivo no es otro que el de disponer de 100.000 puntos de recarga públicos en 2023.
Lo hace con el artículo 4 de esta nueva normativa, que establece que los aparcamientos no residenciales deben tener «dotaciones mínimas de punto de recarga»: un punto de recarga por cada 40 plazas en locales que cuenten con hasta 1.000 plazas de aparcamiento y uno por cada 10 para aquellos que se encuentren por encima de las 1.000 plazas. Todas estas infraestructuras deberán cumplir con los reglamentos de seguridad industrial correspondientes.
Los límites de potencia, la medida principal
Todos los agentes implicados en el camino hacia la movilidad sostenible deben apoyar cualquier iniciativa que promueva la electrificación del sector automovilístico. Por eso, en conjunto con las nuevas infraestructuras de puntos de recarga para aumentar la red de recarga en España, habrá otras reglas igual de importantes.
Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con los límites de potencia de estos cargadores. En la actualidad, lo ideal es que los clientes del centro comercial o supermercado puedan cargar la batería de su vehículo hasta casi el 100% durante el tiempo que están comprando. Presuponiendo que el tiempo de visita de los usuarios en estos locales ronda la hora, sería necesario instalar al menos un cargador de 50kW que pueda cargar hasta dos vehículos simultáneamente.
Además, ante este contexto normativo, los propietarios deben tener en cuenta el stock de cargadores en el mercado. Los fabricantes de cargadores se enfrentan a grandes retos con los plazos de entrega: la media del mercado para el envío de cargadores rápidos se encuentra entre las 30 y 35 semanas.