Cada hogar que tenga que modificar su TDT tendrá que pagar 20 euros según el Gobierno
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, ha confirmado que el gasto que supondrá la próxima reantenización de la TDT para los ciudadanos afectados será de 20 euros por hogar.
La modificación en las instalaciones para seguir sintonizando la Televisión Digital Terrestre (TDT) sigue de actualidad. En el marco del XXVI Encuentro de Telecomunicaciones que se celebra esta semana en Santander ha vuelto a surgir este controvertido tema. Víctor Calvo-Sotelo, en representación del Gobierno, ha confirmado algunas de las cifras que maneja el Ejecutivo respecto a esta reantenización masiva que se deberá realizar durante los próximos meses y que supondrá un nuevo gasto para algunos ciudadanos.
En concreto, el secretario de Estado de Telecomunicaciones ha confirmado que será 1.200.000 el número de bloques de edificios que se verán afectados y que correrán con el gasto de los 300 millones de euros estimados por el Gobierno para que se lleve a cabo la reantenización. Esto supone, en palabras de Calvo-Sotelo, que cada hogar afectado por la medida pagará de media 20 euros para seguir sintonizando los canales de TDT.
Ruptura con la promesa del anterior Gobierno
El político ha señalado que «el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo» para minimizar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos. No obstante, sus declaraciones contrastan con la medida adoptada por el Ejecutivo, quien rompió con las intenciones del anterior Gobierno, que se comprometió a asumir íntegramente el pago de la reantenización con el dinero recaudado por la subasta del espacio radioeléctrico en la que participaron los operadores de telecomunicaciones en el llamado dividendo digital. Ante esta situación, José Manuel Soria, ministro de Industria, se defendió argumentando que «este Gobierno no puede responder de lo que hizo el anterior».
Como vimos hace unos días, el actual Gobierno aportará 45 millones de euros en subvenciones para minimizar el pago de las comunidades de vecinos, aunque ello no evitará que los ciudadanos afectados aporten dinero de su bolsillo. La decisión no ha convencido entre las asociaciones en defensa del consumidor, que han llegado a plantearse incluso una denuncia al Gobierno por haber desviado a la reducción del déficit los fondos millonarios proporcionados por los operadores de banda ancha.
