Hace cinco meses el Gobierno decidía acabar con el canon digital. El gravamen a dispositivos y soportes electrónicos pasaba a ser sustituido por una partida a cargo de las arcas públicas. Tanto la SGAE como otras gestoras denuncian que el Gobierno no ha hecho frente a esos pagos.
«A día de hoy no hay una partida fijada en los presupuestos del Estado destinada a tal fin, así que España está, fuera de la directiva europea porque la legislación comunitaria obliga a que haya una compensación equitativa a los propietarios de las obras por copia privada». Con estas palabras han denunciado en CincoDías.com las entidades de gestión de derechos de autor el incumplimiento de la promesa del Gobierno consistente en el pago del canon digital que corresponde a 2012.
Pero el mayor temor de estas entidades es que la austeridad presupuestaria del actual Gobierno ante la crisis económica y el marcado déficit provoquen que la partida presupuestaria sea establecida «a criterio de Hacienda«. «La cantidad a abonar debe fijarse, según el real decreto ley, en función de los derechos dañados, no de una limitación presupuestaria«, señalan las entidades. Estas consideran que el derecho a copia privada hizo que el canon digital ascendiese en 2011 a 115 millones de euros y les gustaría que el Gobierno reculase y volviese a aplicarlo como hasta ahora para alcanzar esta cantidad.
«Ahora se le ha dado un carácter público que solo beneficia a un sector, al tecnológico, porque los usuarios siguen pagando el canon a través de sus impuestos«, indican las gestoras de derechos de autor. Fuentes consultadas por el citado medio están de acuerdo con este criterio y consideran que el modelo que decidió aplicar el Gobierno del Partido Popular es «mucho más indiscriminado que el que había», y eso que el Tribunal de Justicia de la UE ya consideró el anterior modelo como «abusivo e indiscriminado«. «En cambio, la solución ha sido establecer una fórmula menos equitativa aún, porque ahora pagan el canon todos los españoles, incluso los que no compran equipos tecnológicos, a través de sus impuestos», subrayan estas fuentes.
Disconformes con el actual modelo, desde entidades como la SGAE critican que «no está en ningún país de la Unión Europea«. «El caso español va a provocar una gran distorsión en el mercado europeo, pues puede haber empresas españolas que quieran vender productos tecnológicos en otros países comunitarios y cuando les reclamen en ellos el pago del canon digital argumentarán que ya lo está pagando el Estado español», argumentan.
¿Accederá el Gobierno a esta cantidad millonaria a entidades como la SGAE en un momento en el que brilla con luz propia su política de recortes económicos? Las gestoras no se han mordido la lengua y ven el plan del Ejecutivo como una «auténtica metedura de pata». Por ello esperan que desde Bruselas se armonice cuanto antes el cálculo de una tasa que compense a los autores por el derecho a la copia privada que tienen los ciudadanos.