Las normas antipiratería como la Ley Sinde son un ataque directo a la libertad de expresión

Crece el número de voces críticas contra las medidas propuestas para evitar la llamada "piratería" en Internet. La última en posicionarse ha sido la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), que considera propuestas como las desconexiones o bloqueo de webs ataques directos a la libertad de expresión.

Compuesta por más de 50 países, la OSCE ha publicado un informe en el que señala el descuido con el que se han tomado algunos de sus miembros el derecho a la libertad de expresión en Internet. El texto cita normas en concreto como la Ley Sinde en España o la Ley Hadopi francesa, dos modelos con distintas medidas teóricamente para frenar las descargas pero igual de perjudiciales para la libertad de expresión.

Una de las medidas más criticadas por la organización es la referente al bloqueo de sitios web alojados en un país ajeno dado que no pueden ser cerrados en el país donde se aplica la ley. La OSCE habla del "limitado efecto de las leyes nacionales y la falta de armonización legislativa internacional" en países como el nuestro. A pesar de la "intención legítima" de las normas antidescargas, éstas afectan negativamente a la libre circulación de información y a la libertad de expresión. Además, la organización recuerda la gran controversia generada en los países donde se han aprobado. El sistema de los tres avisos que amenaza con desconectar al usuario de redes P2P como BitTorrent o eMule es calificado por la OSCE como una medida "desproporcionada e incompatible con la democracia".

Aunque se reconoce que la libertad de expresión tiene unos límites, estos siempre tienen que ser definidos por las leyes de cada país. En este sentido, la ley española actual es muy clara y los jueces se han encargado de aplicarla consintiendo la existencia de páginas web de enlaces dado que no infringen los derechos de autor al no alojar los archivos que presuntamente los violan.

Las conclusiones de la OSCE están en consonancia con otras como las expuestas por la propia ONU o incluso por el abogado de la Unión Europea, que explica que este tipo de medidas van contra los derechos de los ciudadanos. Cabe preguntarse por qué gobiernos como el español optan por aplicar este tipo de leyes contra los derechos de sus propios ciudadanos.