PuNtACanA nos cuenta: Los traspasos indebidos en el mercado de banda ancha ADSL, así como la falta de calidad en el servicio de telefonía móvil van a ser perseguidas desde el Ministerio de Industria, que dará a conocer en los próximos días sanciones de hasta seis millones de euros para el conjunto de las empresas operadoras que actúan en el mercado español de telecomunicaciones. De este modo se evitará que los proveedores secuestren las líneas y los usuarios pasen meses sin poder contratar ADSL.
Traspaso irregular. El cambio en cuestión lleva aparejada la suspensión del servicio durante el tiempo que dura la mutación de un operador a otro, con el agravante de que el traspaso nunca ha sido solicitado por el propio cliente interesado. En la actualidad, hasta un total de 8.000 personas al mes pueden haber sufrido lo que se conoce como «slamming» o, más claramente, «traspaso irregular».
El operador más afectado es Telefónica, ya que está obligado por la actual regulación a satisfacer los requerimientos de sus rivales o competidores cada vez que éstos le comunican el cambio de cliente. Telefónica no puede siquiera confirmar con el destinatario del servicio si verdaderamente ha solicitado darse de alta en otro operador alternativo, ya que ésto podría ser interpretado por la CMT como un acto de competencia desleal con la consiguiente sanción. El perjudicado en todo caso es el usuario, que se ve obligado a padecer un calvario de reclamaciones desde el momento en que Telefónica ejecuta la baja automática del servicio.
La Asociación de Internautas estima que el nivel de traspasos irregulares alcanza entre un 10 y un 30% del total de solicitudes y según una encuesta realizada a finales del pasado año por esta organización la mayoría de los afectados reconoce una percepción de «impotencia» ante la situación creada en el mercado. Entre las compañías mencionadas en la encuesta como más activas en este tipo de prácticas figura Uni2, con el 38,5% de los casos, y Jazztel, con un 36,1%.
El Ministerio de Industria considera que la apertura del mercado de las telecomunicaciones puede sufrir un proceso perverso si estos traspasos irreguladores se extienden en los próximos meses y trata de poner coto con medidas de carácter sancionador que disuada a los operadores de «jugar con fuego» para ganar cuota de mercado. En total, las multas que el Gobierno hará públicas en los próximos días alcanzan la cifra de casi seis millones de euros, pero más allá de la la cuantía, el objetivo es marcar una pauta ejecutiva en contra de unas prácticas que suponen un claro fraude y abuso de mercado.
Calidad en el móvil. De igual manera, el Ministerio de Industria va a difundir sus estudios sobre la calidad del servicio de telefonía móvil, que determinará también el posicionamiento efectivo de la oferta que desarrollan cada uno de los operadores. El primer informe sobre este asunto fue publicado a principios del verano pasado, después de que se constituyera la Comisión de Seguimiento sobre la Calidad.
En el estudio, elaborado por Ericsson, que analizó seis variables, Amena y Movistar obtuvieron los mejores resultados. La intención del Ministerio de Industria es exigir unos mínimos en la calidad del servicio de telefonía móvil, como la claridad en las transmisiones de voz o en niveles de cobertura.
José A. Navas / F. Tadeo – Madrid- La Razón
