Despilfarro y fracaso de la ley antiP2P en Francia: preámbulo de lo que sucederá con la Ley Sinde

"España se sitúa como uno de los países que se toma con seriedad la propiedad intelectual". Con estas palabras defendió José Ignacio Wert, ministro de Cultura, la activación de la Ley Sinde, poniendo como modelo otro países igual de "serios" por tener este tipo de normas. Sin embargo, la realidad demuestra que son un fiasco.

Los defensores de la polémica ley antidescargas para cerrar páginas web no dudan en argumentar que con la nueva Ley Sinde nuestro país se equipara con los países "desarrollados" en materia de propiedad intelectual. Estos no son otros que Suecia, Irlanda, Reino Unido o Francia, donde imperan leyes antipiratería que han optado por la persecución a los usuarios de redes P2P que descargan contenidos con copyright. No obstante, su éxito ha sido completamente nulo.

El más claro ejemplo ha sido el la ley antipiratería francesa, todo un fracaso tanto en resultados como en inversión para las arcas del Estado galo. La norma propone una comisión denominada Hadopi (Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet) cuya misión principal es la de perseguir a los usuarios para imponerles sanciones económicas o incluso la desconexión de Internet durante un tiempo si son reincidentes en más de tres ocasiones.

La agencia Hadopi, con cuyo nombre se conoce a la ley, está formada por una mezcla de Colegio y una Comisión para la Protección de Derechos (de propiedad intelectual). Desde que se instaurase la norma, el presupuesto que ha tenido esta controvertida comisión ha sido de 15 millones de euros con una plantilla formada por 60 personas. El hecho de haber conseguido unos resultados prácticamente escasos demuestra el despilfarro que supone para las arcas del Estado.

Además, parece que el Gobierno galo empieza a admitir el fracaso y varios de los colegiados que tenían funciones fundamentales en Hadopi no han sido renovados tras finalizar su mandato el pasado 24 de diciembre. Esto ha paralizado por completo su actuación, pero para más inri, como leemos en Nación Red, el nuevo presidente del Senado francés (que ahora controla el Partido Socialista) no es simpatizante de esta norma, por lo que la situación en Francia respecto a las descargas parece lejos de estar clara.

De este modo, el siguiente paso en el país vecino podría ser un vuelco legislativo en una materia que sigue a la orden del día en todo el mundo por el nuevo concepto en materia de derechos de autor que ha introducido Internet. Mientras países como Suiza y Holanda admiten que legislar en este ámbito buscando la penalización no es ni productivo ni beneficioso a tenor de los hechos en España se ha preferido ceder a las presiones de EEUU y de la industria cultural y del entretenimiento para aprobar la Ley Sinde.

En pocas semanas conoceremos la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual que pondrá en marcha el proceso de cierre de webs. Mantener esta comisión administrativa supondrá un nuevo gasto para las arcas públicas y un perjuicio económico a empresas como las dedicadas al hosting de páginas web. Los operadores también podrían verse afectados negativamente, aunque rechazan cargar con estos gastos. Sin duda, una controvertida solución será la que tendrá que tomar el Gobierno y todo ello para impulsar una ley cuyos resultados se prevén escasos a tenor del desarrollo tecnológico existente que permitirá esquivar lo propuesto por la ley tanto por las páginas web como por sus usuarios.