Las discográficas exigirán 375 millones de euros al Gobierno por las descargas P2P

Las discográficas exigirán 375 millones de euros al Gobierno por las descargas P2P

Redacción

Los «daños y perjuicios sufridos» así como la intención de que se conozca «su situación» han motivado a varias compañías discográficas a anunciar una demanda ante el Gobierno. En ella reclamará más de 375 millones de euros en concepto de «responsabilidad patrimonial» por los daños causados por las descargas P2P en Internet.

Las discográficas independientes enseñan los dientes a la Administración. Según leemos en Público.es, el despacho de abogados Roca Junyent ha confirmado que elevará una reclamación millonaria al Consejo de Ministros a través del Ministerio de Presidencia. Hasta 16 sellos discográficos participarán en la demanda y cada uno reclamará su cantidad por separado. «Van desde los 1,9 millones de euros el más pequeño a los 217 millones de Blanco y Negro«, señalaron los abogados.

Según uno de los sellos que exigirán dichas cantidades, «esto es una forma de protestar utilizando las vías legales». «Otros pueden cortar carreteras, pero nosotros, como colectivo, tenemos poca fuerza social. Tenemos claro que la demanda se basa en unos daños y perjuicios que hemos sufrido, pero para nosotros el enfoque más potente de la demanda es que se conozca nuestra situación», justifican los demandantes.

La demanda no es sino la confirmación de las intenciones de este grupo de discográficas independientes que ya responsabilizó al Gobierno de las descargas el pasado mes de febrero, cuando publicó un manifiesto en el que también se exigía que se castigase al usuario. Estas iban más allá de lo que en su momento exigieron las grandes multinacionales de la música y a los sellos agrupados en Promusicae. A diferencia de éstas, las independientes aseguraron que la futura Ley de Economía Sostenible «es muy endeble».

Persecución y castigo al usuario final

Las medidas que introduce dicha ley son en su opinión «insuficientes puesto que no resuelven la cuestión que se considera más relevante, que no es otra que la imposibilidad actual de ejercer acciones civiles contra aquellos usuarios finales que se apropian gratuitamente de los productos musicales y vulneran sistemáticamente los derechos de propiedad intelectual». Sin embargo, no todas las discográficas que firmaron dicho manifiesto estaban de acuerdo en este punto y algunas de ellas (BCore y Kasba) decidieron desentenderse del mismo, aunque ahora sí parecen dispuestas a ejercer sus demandas al Gobierno.

Este ultimátum confirma las presiones a las que se encuentra sometido el Ejecutivo a la hora de legislar. Este grupo de sellos piden el endurecimiento de una ley abiertamente criticada por los usuarios ya que se considera que introduce medidas de censura en la Red. No obstante, no es la primera vez que se hace público un discurso en el que se pide la persecución a los internautas en forma de desconexiones, como ya hizo en su momento la Coalición de Creadores. ¿Cederá el Gobierno a estas presiones?

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