Reino Unido obliga a los operadores a costear la persecución a los usuarios de P2P

Los proveedores de Internet y los poseedores de los derechos de autor están obligados a compartir los gastos que supondrá la persecución a los usuarios de redes P2P. Así lo ha decidido el Gobierno de Reino Unido que ve en ésta la forma correcta de financiar la lucha contra las descargas de contenidos protegidos con copyright.

Según informa eGov Monitor, los propietarios de los derechos de autor tendrán que abonar el 75% de las causas abiertas contra presuntas infracciones del copyright de acuerdo a la última medida aprovada por el ministro de Comunicaciones británico, Ed Vaizey. El 25% restante sería pagado por los operadores como BT o Vodafone.

El coste inicial llegaría por el envío masivo de cartas a los sospechosos de "piratear" online y posteriormente aumentaría tras los procedimientos de apelación que los usuarios podrían emprender (sin coste alguno según ha informado el propio ministro) para defender su inocencia. Vizey ha señalado que con esta estrategia la industria cultural podría llegar a ingresar 200 millones de libras (238,5 millones de euros) que servirían para frenar el impacto que supuestamente el intercambio de archivos está haciendo en sus arcas.

En Reino Unido al menos uno de cada diez usuarios descargan material sin permiso de los propietarios de los derechos de autor y la Digital Economy Bill llega para "proteger a la industria creativa del país de la piratería online", según ha afirmado el ministro. En España pronto se aprobará en el Congreso su homóloga, la Ley de Economía Sostenible promovida por la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde.

Los operadores rechazan la propuesta

Sin embargo, la propuesta del ministro británico no ha tenido buena acogida entre los operadores. El primero en mostrar su disconformidad ha sido Talk Talk, operador que siempre ha sido crítico con esta ley. Según ha argumentado uno de sus portavoces, "es absolutamente escandaloso que los proveedores de banda ancha y los usuarios tengamos que pagar los gastos de la industria cultural para proteger su propio copyright".

"Muchos usuarios inocentes serán acusados falsamente de compartir archivos y serán puestos en "listas negras" aunque no hayan violado la ley", señaló el operador. "Además, ellos (el Gobierno) no corta de raíz el problema de la industria creativa en su fracaso a adaptarse al modelo de negocio del siglo XXI", sentenció.