España registró un índice de penetración en banda ancha del 18,3%, según datos de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), pero la media europea se sitúa en un 20%.
España sumó en enero 122.834 nuevas altas de banda ancha hasta alcanzar un parque total de 8,15 millones de líneas, sin embargo crecemos por debajo de la media europea. La Asociación de Internautas ha responsabilizado directamente a la CMT por mantener el actual sistema regulatorio y al Gobierno de España por impedir que el acceso a la banda ancha sea declarado como servicio universal.
La Comisión Europea advierte de que la operadora histórica, Telefónica, continúa dominando el mercado de banda ancha, aunque apunta que los consumidores españoles se benefician de precios más bajos y más facilidades para la portabilidad gracias, en parte, al alto nivel de competencia en infraestructuras, con operadoras alternativas en el mercado sector.
Entre los progresos destacados por Bruselas figuran las posibilidades para que el consumidor cambie de operador sin perder su número de teléfono. El número de portabilidades realizadas en España fue de 13,4 millones en telefonía móvil y de 3,01 millones en la red fija, lo que le sitúa en tercer lugar (27,3%) con respecto al resto de Estados miembros, solo por detrás de Finlandia (68%) y de Dinamarca (42,06%). Sin embargo la portabilidad en España tarda más de 20 días y en otros países de la UE como Reino Unido en 5 días el cliente está navegando con el nuevo operador.
Según indica El País, a pesar de que Bruselas reconoce en su informe que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha sido «pionera» al proponer determinadas medidas liberalizadoras reguladoras, «todavía no ha implementado» algunas de ellas, tales como la referente a la oferta IP o las obligaciones a las que están sujetos los servicios de transmisión, mientras que otras han sido notificadas a Bruselas el año pasado, como el alquiler de líneas completas.
Además, la Comisión pide al regulador nacional que «supervise estrechamente» las obligaciones del operador histórico «especialmente en el ámbito de la separación funcional», tal y como piden el resto de operadores competidores.
