La CNMC podría obligar a revender los contenidos de Canal+ a Telefónica

La compra de Digital+ por parte de Telefónica puede terminar muy mal para los intereses de esta última, sobre todo después de conocer una información publicada por El Confidencial. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contempla imponer una serie de obligaciones a la operadora que podrían frenar su interés en hacerse con la plataforma de televisión de pago.

Muchas cosas han pasado desde que el pasado 21 de octubre se notificara la compra de Digital+ por parte de Telefónica a la CNMC. Aquello no gustó demasiado a los operadores alternativos, quienes consideraron que aquello podría atentar contra la libertad del mercado y obstaculizar la competencia efectiva. El organismo regulador parece de esta forma de pensar, al acordar el inicio de una segunda fase de análisis.

Parece pues que es complicado que se autorice la compra o al menos se haga con las condiciones esperadas por Telefónica. Según ha podido saber El Confidencial, la información preliminar trasladada desde la CNMC a operadores afectados contempla la imposición de una serie de obligaciones. Estas incluso podrían hacer que la teleco se replantease la operación. Recordemos que PRISA y Telefónica acordaron la venta por 750 millones de euros. De no cerrarse el trato, supondría un duro golpe para el primero, que ya contemplaba el dinero en sus cuentas.

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Las condiciones de la CNMC para aprobar la operación pasa por la apertura de los contenidos al resto de operadores, incluso por la creación de paquetes preparados para que sean comercializados por otros. La voluntad del regulador podría llegar incluso a que los contenidos revendidos vayan más allá del satélite y se incluyan también los de la fibra óptica.

De confirmarse, sería el segundo golpe de la CNMC contra los intereses de Telefónica en poco tiempo. La operadora ya ha comunicado que de seguir adelante con la imposición de estas condiciones, la operación puede de dejar interés para ellos. Un escenario similar al que se le ha planteado con la probable obligación de abrir su red de fibra óptica en toda España salvo en nueve ciudades.