Los administradores del conocido portal Taringa se enfrentarán a la Justicia argentina al considerar sus tribunales que han incurrido en delitos contra la propiedad intelectual y vulnerar de forma consciente los derechos de autor protegidos por ley.
Como leemos en Público, uno de los responsables de Taringa, Alberto Nakayama, ha sido el último procesado por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional del país suramericano por haber infringido la Ley de Propiedad Intelectual. Taringa, una de las comunidades de habla hispana con enlaces a todo tipo de contenidos, recibe así otro varapalo después del confirmado hace unos meses y que hizo que variase su política de acceso y enlaces.
El tribunal argentio ha considerado probado «que las obras fueron reproducidas indebidamente al colgarlas en una página web, sin los permisos pertinentes, por los usuarios, y a la cual Taringa redireccionaba la búsqueda de terceros no identificados» con la colaboración de los administradores, que colaboraron en la creación de una «biblioteca de enlaces» que si bien remitían «a otro espacio de Internet, lo cierto es que no era posible si no se hacía a través de Taringa«.
De nada parece haber servido la lógica defensa del acusado. Esta se basaba en que «las obras no están almacenadas en la página» sino en un servidor de descarga directa como es Rapidshare, que «está localizado fuera del territorio nacional, por lo que no puede aplicarse al caso la ley penal de Argentina». Sin embargo, el tribunal considera que aunque esto es cierto, «los servidores de Taringa desde donde se ofrecían los enlaces y cuyos titulares son los imputados sí están domiciliados en Argentina».
El pasado mes de mayo ya nos hicimos eco de la persecución de la Justicia del país suramericano a los administradores. Estos se mostraron muy contrariados y aseguraron que «bajo esta lógica se acusará también a los proveedores de Internet, a los buscadores, a los blogs, redes sociales, etc etc. sin cuya participación no habría delito posible«.
«La justica nos procesa a nosotros y, sin embargo, en Argentina y para nuestra justicia es totalmente legal vender armas, aún cuando esas armas puedan utilizarse para matar personas… ¿cuál es la lógica que aplican en este caso?», reflexionaban. No obstante, de poco parece que servirán estas reflexiones, puesto que Nakayama verá embargado todos sus bienes y junto con los otros dos acusados, los hermanos Botbol, se enfrentan a penas de prisión de hasta 6 años.