Nuevas pruebas demuestran que EEUU forzó a más países a crear leyes anti P2P

Nuevas pruebas demuestran que EEUU forzó a más países a crear leyes anti P2P

Javier Sanz

Lejos del consenso y con la injerencia de una potencia extranjera como Estados Unidos. Así podemos afirmar, según las últimas pruebas, que han nacido las leyes anti descargas que proliferan por varios países del mundo y que persiguen a páginas webs con enlaces y a usuarios de redes P2P para amenazarles con sanciones económica, desconexiones e incluso penas de prisión.

La última publicación de WikiLeaks ha vuelto a demostrar las presiones ejercidas por EEUU con los gobiernos de algunos países para que pongan en marcha leyes anti descarga con la intención de proteger a la industria del país norteamericano. En diciembre del pasado año estallaba la polémica cuando la misma web publicaba un cable confidencial que confirmaba que la Ley Sinde había nacido de este tipo de presiones, en reuniones entre el embajador estadounidense en nuestro país, la clase política española y representantes de la industria.

El silencio guardado por los implicados ha sido tan absoluto como vergonzoso. La misma reacción se ha dado en varios gobiernos de otros países, situados ahora en el punto de mira tras comprobarse que sus normas antipiratería también nacieron del mismo y controvertido proceso.

Aunque ya habíamos sabido de las presiones de EEUU con Suecia para la puesta en marcha de la Ley Ipred que persigue a los usuarios de redes P2P, ahora sabemos que el país norteamericano estuvo detrás de las presiones hacia el país escandinavo para que se persiguiese al famoso tracker de BitTorrent The Pirate Bay. Según revela el cable publicado por WikiLeaks, la industria presionó para que se procesase a los propietarios de TPB y posteriormente el Gobierno sueco fue informando puntualmente al embajador estadounidense de la situación del juicio.

Nueva Zelanda fue otro de estos países. En vigor desde el pasado 1 de septiembre, el país oceánico lanzó su ley de tres avisos con el fin de frenar a los internautas a realizar descargas de material protegido con derechos de autor a través de redes P2P como BitTorrent. Sin embargo, su Gobierno también siguió las «recomendaciones» de EEUU para desarrollar su normativa, así como la aceptación de 500.000 dólares neozelandeses «cedidos» por Estados Unidos al Gobierno para el desarrollo de la ley.

¿Hasta qué punto es legítima la actuación del país norteamericano y su industria? ¿Hasta cuándo la impunidad absoluta de esta potencia? ¿Dónde están los límites de la soberanía de cada país? Cuestiones y más cuestiones que se abren al conocer la forma de proceder del que se autodenomina «país de las libertades y de la democracia».