La compañía tendrá que pagar 100.000 euros por un delito de captación ilegal de datos privados durante la elaboración de su famoso programa. La situación podría agravarse por los procesos abiertos en EEUU y otros países europeos, entre ellos, España.
El ambicioso proyecto de Google, bautizado como Street View, y con el que quiso revolucionar (y en gran medida consiguió) su aplicación Google Maps ,podría convertirse en un quebradero de cabeza para el gigante norteamericano. La noticia venía recogida en una entrevista publicada esta mañana en la web del periódico francés Le Parisien, al secretario general de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) francesa, Yann Padova, quien anunciaba con satisfacción la multa impuesta a la compañía.
El programa ya había suscitado numerosas reacciones en contra por las dudas que suscitaba a la hora de velar por el derecho a la intimidad; polémica que incluso saltó a los medios de comunicación tradicionales después de que los vehículos de la compañía captaran algunas imágenes comprometidas. Famosas fueron las imágenes de un estadounidense enseñando involuntariamente su ropa interior al subirse a su coche, y, sobre todo aquí en España, la de una persona orinando en plena calle de Madrid; imágenes que fueron borradas poco después por la propia compañía pero que iniciaron una ardua polémica. En Japón, por ejemplo, algunos abogados y profesores de universidades pidieron en 2008 a Google que dejara de fotografiar las calles del país por suponer un ataque contra la intimidad de la sociedad nipona.
El delito que se le ha imputado ahora a la compañía desde Francia es la captación ilegal de «todas las informaciones no seguras que transitaban por conexiones Wi-Fi al paso del coche [de Google]: correo electrónico personales, conexiones a todo tipo de páginas web e incluso informaciones sobre prescripciones médicas», intromisiones a la intimidad consideradas por Yann Padova como «particularmente graves«. De ahí la cuantía de la multa, 100.000 euros, record absoluto en el país vecino para una sanción de este tipo, más del doble de la impuesta a Crédit Lyonnais en 2006 (45.000 euros), hasta ahora detentora de la pena máxima impuesta.
Google se ha defendido calificando lo ocurrido como un «error», que, una vez advertido, se dispusieron a subsanar comunicándolo a las autoridades francesas en abril de 2010, y prometiendo, una vez cerrado el caso, destruir este tipo de datos, según palabras de Peter Fleischer, director de protección de datos de la compañía. Desde CNIL se ha reconocido esa disposición de la empresa norteamericana, aunque no ha permitido evitar la imposición de la pena, dado que, por otro lado, Google «no cooperó francamente» durante el proceso de investigación, según aquélla.
Los problemas para Google no son ciertamente la cantidad a pagar, pues 100.000 euros parece una cantidad bastante asequible para una compañía con tanta presencia en el mercado, pero podría convertirse en la primera de una serie de medidas que sí podrían ponerle en dificultades, pues a raíz de esta noticia han salido a la luz nuevos procedimientos abiertos contra la compañía por delitos similares en otros lugares del planeta. En concreto en 37 de los 50 estados de EEUU, en Alemania, en España y en los Países Bajos, según Le Parisien. En su web, La Razón, que también se ha hecho eco de la noticia, completa la lista con Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda y Corea del Sur.