La SGAE se querellará por calumnias contra la plataforma que le acusa de fraude

Indignación ha sido la primera reacción de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) así como otras entidades de gestión de derechos de autor después de que la plataforma Todoscontraelcanon.es interpusiese una denuncia en su contra por fraude y apropiación indebida de 50 millones de euros. La gestora señala que esta denuncia es falsa y calumniosa.

Apenas horas después de la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por parte de la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit), tanto la SGAE como las entidades gestoras han querido salir al paso de las acusaciones. Los denunciantes aducen que las entidades habrían incurrido en un presunto fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación de 50 millones de euros.

Sin embargo, no han tardado en reaccionar estas sociedades encargadas de la gestión de los derechos de autor de sus asociados. A través de un comunicado al que podemos acceder desde la página web de la SGAE, las entidades afirman que "la denuncia formulada es enteramente falsa y calumniosa, sustentada en datos tendenciosa y erróneamente interpretados, y atribuye gravísimos delitos que afectan a la honorabilidad de los responsables de las Entidades de Gestión".

"Las Entidades de Gestión solicitamos al Fiscal Anticorrupción la más rápida tramitación de la denuncia formulada, su archivo inmediato y la deducción de testimonio de dicha denuncia al Juzgado de Guardia competente por la comisión de un presunto delito de denuncia falsa", señalan en uno de los puntos. Asimismo, aseguran que "interpondrán una querella criminal por calumnias contra los firmantes del escrito".

Las entidades se defienden afirmando que su "actuación se ajusta escrupulosamente al marco legal que la regula, en particular en el relativo a todos sus sistemas de reparto, avalados en 2008 y 2010 por los informes de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)". Una nueva batalla parece abierta en la guerra contra una de las tasas más polémicas que se recuerdan y que ha de ser reformada en los próximos meses para ajustarse a la normativa comunitaria.