Las discográficas exigen 300 millones de euros al Gobierno por no atajar las descargas ilegales

Un mes después de anunciar su decisión, el grupo de discográficas independientes ha hecho realidad su reclamación al Gobierno de más de 300 millones de euros por no haber atajado la "piratería". Las compañías responsabilizan a la Administración por no haber adoptado las directrices europeas en materia de propiedad intelectual.

Las advertencias lanzadas en el mes de febrero por parte de un grupo de discográficas independientes se han concretado en una serie de reclamaciones individualizadas presentadas ante el Consejo de Ministros, según publica elmundo.es. El sector exige una cantidad económica compensatoria que supera los 300 millones de euros por los "daños y perjuicios" que les habrían producido las descargas P2P. En su opinión, el Gobierno tiene una "responsabilidad patrimonial" por sus pérdidas.

El despacho de abogados Roca Junyent ha sido el encargado de asesorar a las compañías. Cada reclamación tiene distintas cantidades, y según se apuntó desde el despacho se ha apuntado que van "desde los 1,9 millones de euros el más pequeño a los 217 millones de Blanco y Negro". En total son 16 los sellos que pedirán una compensación económica.

Desde las discográficas se ha informado que el motivo de sus reclamaciones es "la total indefensión de este sector" que "ha provocado una enorme pérdida de valor de su patrimonio y las aboca a un incierto futuro por falta de perspectivas de continuación empresarial dada la inexistencia de un efectivo marco legal". No obstante, ya señalaron un mes atrás que con esta exigencia también quieren poner de relieve su situación. "Es una forma de protestar utilizando las vías legales", adujeron.

Estas presiones hacia el Gobierno se añaden a las que realizan las grandes multinacionales, las entidades de gestión de derechos de autor y, como se ha demostrado, de gobiernos externos como el de Estados Unidos para sacar adelante una ley más restrictiva con las descargas y el intercambio de archivos. Sin embargo, queda cuestionarse: ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad el Gobierno en las pérdidas que les generan supuestamente las descargas?