Los continuos retrasos en los plazos para la aprobación de la Ley de Economía Sostenible han repercutido en la llegada del servicio universal de banda ancha anunciado por el Gobierno el pasado mes de mayo. La norma, que llegará en otoño, fijará el acceso a Internet de los ciudadanos a una velocidad mínima de 1 Mbps.
Según el director general de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Bernardo Lorenzo, gracias a la llegada de la ley «cualquier ciudadano que solicite este servicio universal, tendrá derecho a que se le preste en condiciones y precios razonables«.
Lorenzo, que asistió al V Encuentro sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales, acto organizado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Localret, aseguró que el Gobierno se halla dando los últimos retoques a la futura norma con el fin de que este servicio universal «no suponga un coste añadido muy elevado para los operadores que lo deban prestar y para que no se interfiera en la competencia».
Como ya anunciase el Ministerio de Industria, este servicio universal que entrará en vigor después de la aprobación de la Ley de Economía Sostenible y que llevará Internet a zonas rurales donde los operadores no llegan con sus redes fijas o móviles, contará con las siguientes características:
– Velocidad de bajada: 1 Mbps (preferiblemente 2 Mbps)
– Velocidad de subida: 256 Kbps
– Tasa de disponibilidad superior al 99%
– Cuota de alta: inferior a 39 euros.
– Cuota mensual: inferior a 25 euros con una limitación, en su caso, del volumen de descargas no inferior a 2 GB.
Para la gran mayoría, la velocidad de este servicio se antoja insuficiente y más aun si la comparamos con las que se ofrecen en otros países europeos. Hace unos días Finlandia aprobó en su Parlamento un acceso mínimo universal similar, pero en 2015 la velocidad mínima a la que tendrá acceso el ciudadano finlandés será de 100 Megas, cifra muy superior a la anunciada por el Ministerio de Industria.