La ministra anuncia policías y juzgados especializados contra la ‘piratería’

La ministra de cultura Carmen Calvo anunció que habrá policías y juzgados especializados contra la «piratería». El «Plan Integral contra la Piratería», que el Gobierno aprobará en unas semanas, propone la creación de unidades policiales especializadas en la persecución de estos delitos, especialmente en el ámbito de Internet, y la elaboración de un «mapa» que visualice las dimensiones del problema en España. El plan quiere involucrar en la lucha «antipiratería» a todos los sectores…..

La creación de estas unidades policiales, junto a órganos judiciales y fiscales especializados, son algunas de las medidas que cita el borrador de este Plan, que implica a 11 ministerios, organizaciones de protección y gestión de derechos de autor y de consumidores, a las administraciones autonómicas y locales en la lucha contra un delito que ha adquirido una dimensión tal que el Ejecutivo lo ha elevado a «problema político».

Así lo manifestaba recientemente en el Congreso de los Diputados la ministra de Cultura, Carmen Calvo, quien presidirá una «Comisión interadministrativa» que será un «órgano de seguimiento» de la ejecución de este Plan, concebido como «un instrumento dinámico» y que aspira «a ser algo más que una mera declaración de intenciones», según el borrador, en el que trabajan todos los sectores implicados.

El inicio de esta lucha contra la piratería que propone el Plan incluye un detallado análisis del problema, para lo que se harán estudios que determinen cuál es la aportación del mundo de la creación al Producto Interior Bruto del país y «cuál es el montante de lo que la Hacienda Pública, es decir todos, estamos dejando de ingresar por mor del fraude a los derechos de propiedad intelectual».

Pérdidas y concienciación

También el estudio de las consecuencias que la piratería tiene en el desarrollo de las industrias culturales y, especialmente, en la destrucción de empleo «directo o indirecto» en este sector, será otra de las herramientas con las que el plan pretende cumplir uno de sus principales objetivos: concienciar a la sociedad española de que el «pirateo» no le beneficia, sino que sus consecuencias negativas, económicas y culturales, también le afectan.

«El Plan, en primer y en último término, se dirige a la ciudadanía en su conjunto. Sólo con un reconocimiento social de la propiedad intelectual y de la figura del creador será posible disminuir, si no eliminar, estos hábitos perversos», cita el documento.

También pretende conseguir la información necesaria para hacer campañas y actividades «personalizadas» para la concienciación de los «subsectores de consumidores» de estos productos ilícitos.

Con ayuda del CIS

Para ello el CIS hará consultas sobre la apreciación ciudadana de la piratería en sus encuestas, algo que, junto a los otros estudios, facilitará la creación de un «mapa de la «piratería» en España», que, además, dibujará su distribución y trazará las relaciones de las bandas que operan en este sector «con otros tipos de delincuencia organizada».

Además de unidades policiales especializadas, se propone estimular la creación de «órganos judiciales especializados» y de «fiscales especializados», así como que el Ministerio Fiscal dicte una instrucción que unifique los criterios de actuación en unos procesos que abordan unos conflictos «en un ámbito de indudable complejidad técnica».

Analizar las herramientas jurídicas para perseguir estos delitos será otra de las medidas de un Plan que pretende «combinar las garantías propias de un Estado de Derecho con la eficacia en la acción represiva» e impedir que las leyes de propiedad intelectual se conviertan «en una barrera para el desarrollo de las tecnologías.

Todos los sectores

El plan quiere involucrar en la lucha «antipiratería» a todos los sectores, desde los titulares y operadores de las telecomunicaciones —para que propicien una oferta legal «variada, ágil, sencilla y atractiva»— a los productores de «software» o los dueños de bares, que deberán «responsabilizarse de que sus locales no pueden convertirse en lugares donde se desarrolla negocios ilegales».

Estimular la formación y la investigación en este campo, especialmente en las universidades, será otro de los ámbitos en los que se moverá el Plan Integral, que también pretende «evitar políticas contradictorias» en las distintas administraciones públicas y coordinar las actuaciones policiales, especialmente de los cuerpos locales, claves para la «erradicación» del fenómeno «top-manta».

Reproducido de elmundo.es