Un grupo de inversores ha presentado un proyecto para la implantación de cajeros de Bitcoin en España, sin embargo se ha visto frustrado por la falta de regulación al respecto. Hacienda tiene que resolver antes la multitud de implicaciones sobre la moneda virtual, lo que choca con los planes de otros países alrededor del mundo.
El Bitcoin ha dado este 2013 mucho que hablar. La moneda virtual alcanzaba un valor de más de 1.000 dólares al cambio el pasado noviembre, un crecimiento exponencial desde los 50 euros que valía a primeros de año. Una burbuja que terminó por explotar poco después con un descenso acusado. Aun así, el valor actual es todavía de unos 780 dólares, tal y como podemos ver en el Economista.
La magnitud adquirida a lo largo de estos meses no ha pasado desapercibida para los gobiernos de todo el mundo que se han situado contrarios a la aceptación del Bitcoin como moneda. China, Noruega, Tailandia, Alemania, Francia e incluso Estados Unidos han presentado medidas para trabar su uso.
Desde otros países, la actitud ha sido totalmente opuesta, así Canadá implantaba el primer cajero de Bitcoins del mundo, Robocoin. Esta decisión ha sido secundada por el ejecutivo finlandés que instaló el primer cajero de Bitcoins en Europa. Diferentes organismos asiáticos también apoyarían esta estrategia que refuerza la moneda de cara a un futuro próximo.
Incluso recientemente, conocíamos como Nueva York estaría considerando crear una licencia especial para la utilización del Bitcoin por parte de las empresas que trabajan con este tipo de monedas virtuales. Más de seis meses de investigación han originado este “cambio” idea en el país norteamericano. Independientemente, todos han avanzado en el proceso de regulación. Sin embargo, parece que este asunto no es relevante en España.
El proyecto presentado por un grupo de inversores pretendía traer los cajeros de Bitcoin a nuestro país, pero ha sido frustrado por la Agencia Tributaria. Lo preocupante es que se ha rechazado la idea por desconocimiento. En España existe todavía un vacío legal en torno a las numerosas implicaciones que tiene el Bitcoin. Cuestiones básicas como la definición del Bitcoin no han sido resueltas. No se ha plasmado en los documentos del estado si la moneda virtual se consideraría como extranjera o simplemente mercancía, no existen normas sobre su registro, valoración de contables o si la adquisición de Bitcoins conlleva la obtención de IRPF.
Este es el panorama que se han encontrado. En voz de Rafael Eduardo Martínez, uno de los socios, “Antes de empezar la actividad creímos que sería prudente conocer qué decía Hacienda al respecto pero no supieron respondernos. Hemos enviado un escrito a la Dirección General de Tributos”. Además, el desarrollo tanto software como hardware se llevaría a cabo entre Madrid y Barcelona.
Es desolador que con todo lo que se ha hablado y todos los acontecimientos que han surgido alrededor del Bitcoin nadie de nuestro país haya previsto que tarde o temprano se daría esta situación y marcase una reglamentación para actuar en consecuencia, volvemos a ir un paso por detrás del mundo.