Los miembros de la Comisión Sinde, investigados por prevaricación

Los miembros de la Comisión Sinde, investigados por prevaricación

Redacción

El Juzgado de Instrucción de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el abogado David Bravo contra los miembros de la llamada Comisión Sinde, el organismo encargado de determinar el cierre de páginas web apoyándose en la Ley Sinde. Podrían ser inhabilitados durante 10 años.

Los integrantes de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, la denominada Comisión Sinde, se enfrentan a una querella criminal por presunta prevaricación. El letrado ha confirmado que su iniciativa ha sido admitida a trámite y el tribunal determinará si este organismo dictó una resolución totalmente opuesta a una decisión judicial sobre un mismo caso protagonizado por el sitio web de enlaces Multiestrenos.

Esta web vio cómo en el mismo día la Justicia archivaba su caso al no considerar los enlaces que contenía la página como comunicación pública (algo necesario para que su actividad se considere infractora) y a la vez la Sección Segunda dictaminaba lo contrario al determinar que sí infringía la propiedad intelectual. Esto llevó a Bravo a querellarse contra la Comisión Sinde y según se confirmó a última hora de ayer ha sido admitida a trámite para resolver si hubo prevaricación.

En la querella se recuerda que son múltiples las sentencias judiciales que confirman que enlazar no supone comunicación pública y por tanto no es delito. A su vez se explica cómo la Comisión Sinde ha sido creada con el único fin de actuar contra estas mismas webs «declaradas no infractoras por los jueces a base de interpretar las mismas leyes de forma opuesta a éstos«. De este modo, su resolución contra Multiestrenos es «arbitraria» y además no esperó a la respuesta del tribunal que la propia Sección había solicitado.

«La resolución de un juzgado se ha visto desautorizada en todos sus fundamentos el mismo día de su dictado por una resolución de un órgano administrativo. Así, un ciudadano ha recibido de forma prácticamente simultánea dos resoluciones opuestas entre sí en todos los sentidos», subraya la querella. Por tanto, según el abogado especializado en propiedad intelectual, estos hechos «tienen relevancia penal, al ser indicios serios de que sus protagonistas han dictado una resolución absolutamente arbitraria a sabiendas de su injusticia y sosteniéndola en argumentos absolutamente extravagantes».

Ahora el juez determinará si existió delito en la forma de proceder de los integrantes de la Sección Segunda, desde su presidenta, Teresa Lizaranzu, a los ocho vocales, titulares y sus suplentes. En caso de confirmarse su actuación delictiva se les castigará «con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 10 años«. A su vez sería un golpe definitivo que podría enterrar para siempre a la polémica Ley Sinde.