El canon digital resurge en algunos países de Europa como Francia. A pesar de ser considerada su aplicación como abusiva e indiscriminada por parte del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, el país vecino estudia lanzar un nuevo gravamen similar, lo que podría dar alas a la SGAE para pedir su implantación en España.
A través de elmundo.es conocemos la posible intención del Gobierno francés a la hora de «actualizar el concepto de excepción cultural«. Se trata de un concepto que se creó en el país galo en los años 80 para que los grandes distribuidores de bienes culturales aportasen una parte de sus beneficios a la creación cultural. En su adaptación al siglo XXI se están planteando denominar así a los fabricantes de dispositivos tecnológicos.
Como compañías responsables de la fabricación de aparatos para reproducir texto, vídeo o audio aportarían el equivalente a un canon que iría destinado a la industria cultural francesa, al más puro estilo del «canon digital» que estuvo vigente en España hasta finales de 2011. La idea inicial en Francia ha sido del propio presidente François Hollande, quien encargó al expresidente del Grupo Canal+, Pierre Lescure, un informe en el que se recogen argumentos que sostienen esta medida.
Su implantación se contrarrestaría con una suavización de la actual Ley Hadopi, nombre con el que se conoce a la ley antipiratería francesa. En esta revisión se plantea modificar el sistema de sanciones contra los usuarios que descarguen contenidos protegidos con derechos de autor de modo que nunca sean privados de su conexión a Internet. No obstante, el informe mantiene las cartas de advertencia y las multas, eso sí, reducidas desde los 1.500 euros a 60 euros.
La SGAE ya insistió con retomar el canon a dispositivos
La noticia se conoce en un momento en el que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha pasado a un segundo plano en la actualidad acerca de los derechos de autor. La gestora se vio privada de una importante suma de dinero que le suponía el canon en el anterior formato, aplicado a soportes y dispositivos electrónicos como pretende hacer ahora Francia. En su lugar el Gobierno impuso una partida presupuestaria que se destina a las entidades de gestión pero cuyo importe es ostensiblemente menor que la recaudación lograda con el canon digital.
Las presiones al Ejecutivo para restablecer el anterior modelo se intensificaron hace unos meses, señalando que el Gobierno favorece a los fabricantes de dispositivos electrónicos en perjuicio del sector cultural. La implantación en el país vecino podría servir a la SGAE como punto de apoyo para sostener su discurso, ante lo cual habría que ver cómo responde un Gobierno que ha demostrado no tener claro cómo lidiar, entre otras cosas, en materia de derechos de autor e Internet.