El 70% de las demandas contra webs por la Ley Sinde, archivadas por no estar bien presentadas

A la chapuza en que se ha convertido la Ley Sinde-Wert en su aplicación hay que unir un llamativo dato que no conocíamos hasta ahora. Alrededor del 70% de las demandas contra páginas de enlaces fueron archivadas porque no estaban bien presentadas.

Ha transcurrido casi un año desde que entrase en vigor la norma antidescargas española y a día de hoy podemos asegurar sin temor a equivocarnos que ha supuesto un fracaso en su propósito, la lucha contra la «piratería» y las webs de enlaces. Los grandes portales que ofrecen estos contenidos (meros links sin alojar directamente archivos con derechos de autor) siguen tan activos como sucedía con anterioridad a la aprobación y puesta en marcha de la ley.

Incluso desde la industria cultural se ha criticado este primer año con la ley vigente. Grandes empresarios del sector han admitido que la norma no ha servido para nada y han pedido al Gobierno que endurezca sus condiciones. Sin embargo, a tenor de uno de los últimos datos con los que se hace balance del fiasco de la Ley Sinde-Wert, la propia industria debería haber puesto más de su parte a la hora de demandar a las webs que en su opinión infringen su propiedad intelectual.

Así se deduce del dato que apunta a que los defectos de forma presentados ante la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de comprobar si las webs y sus enlaces infringen el copyright, han sido múltiples en estos meses. De hecho, como leemos en La Vanguardia, desde el 1 de marzo se han presentado 355 solicitudes para la retirada de contenidos. Dado que comprobó que casi todas ellas tenían los citados defectos de forma (habituales en casos como éste por lo novedoso del procedimiento), otorgó un plazo para que fuesen reelaboradas. Finalmente, a pesar de esta concesión, casi el 70% acabaron archivadas por no haber sido correctamente presentadas.

Así, la Comisión tan solo ha empezado a tramitar 111 solicitues, de las cuales 14 fueron archivadas al haber retirado voluntariamente los administradores los contenidos sin que haya habido más litigio. Esto supone apenas un 4% de los casos demandados, un balance paupérrimo en el ambicioso objetivo de una ley que las grandes compañías de la industria cinematográfica, editorial y discográfica no dudaron en aplaudir en su momento.

Ante esta realidad el Ejecutivo se plantea cambiar su forma de luchar contra la piratería. Aunque siempre se opuso a la persecución de los usuarios P2P es una vía que no ha sido descartada por completo y las presiones de la industria en esta dirección han sido patentes. La eliminación del derecho a copia privada podría abrir la puerta a este tipo de medidas, y recordemos que esta posibilidad ya ha estado sobre su mesa. ¿Será el camino que tome en 2013?