Novedades de lo más polémico en el caso que enfrenta al programador Pablo Soto a varias discográficas. El juez que lo instruye, Enrique García García, ha sido contratado como profesor de un máster sobre propiedad intelectual coordinado por abogados de estas multinacionales.
Cuando parece cercana la resolución del recurso contra Soto, su defensa ha dado a conocer una documentación muy controvertida que podría comprometer a la acusación. Como podemos leer en su blog, un escrito de conclusiones del juicio presentado por los demandantes «mantenía determinadas notas en las que parecían darse instrucciones a los peritos sobre lo que debían contestar, lo que tenían que omitir e incluso las excusas y justificaciones que debían dar a las preguntas de los letrados del demandado».
Durante la celebración del juicio «las respuestas que ofrecieron los peritos se adecuan perfectamente a las notas que se encuentran en el escrito de las demandantes», tal y como muestran las grabaciones presentadas por la defensa de Soto, el letrado David Bravo, con el objetivo de iniciar acciones legales contra los letrados y algunos de los peritos de las demandantes.
No obstante, este hecho no ha sido el único sorprendente aportado por Bravo. En el mismo escrito se ha puesto en conocimiento del juez que instruye los hechos «determinadas causas que podrían invitarle a su propia abstención del conocimiento del caso». «El magistrado ponente es profesor del Master de Propiedad Intelectual de la Autónoma de Madrid, que está dirigido por uno de los letrados firmantes de la demanda contra Soto, siendo también profesores junto al magistrado los tres letrados que forman el equipo jurídico de las demandantes así como quien representó legalmente en el juicio a una de las discográficas», señala la defensa del informático.
Por si fuera poco, según denuncia el abogado del programador, «son colaboradoras del Master del que es profesor el magistrado ponente que resolverá el recurso de las majors tres de las cuatro discográficas que recurren la sentencia favorable a Pablo Soto». De este modo, aunque la defensa no duda de la imparcialidad del juez, sí le anima a que «por prudencia» se abstenga en el caso.
¿Atenderá el magistrado García García a esta sugerencia? Las implicaciones parecen más que demostradas y en este punto queda en una posición más que dudosa para pronunciarse en un proceso en el que Soto ya ha recibido una sentencia favorable en la demanda que le exigía 13 millones de euros por sus programas de intercambio de archivos.