La entidad de gestión de derechos de autor EGEDA ha lamentado el nulo efecto que ha tenido la Ley Sinde después de su entrada en vigor en marzo. En su opinión «la lentitud con la que se está trabajando ha hecho que no se noten los efectos».
Las gestoras no están contentas con los esfuerzos del Gobierno en materia de «piratería» en la Red. De poco o nada ha servido a estas entidades la entrada en vigor de la Ley Sinde-Wert, que permite el cierre de páginas web de enlaces sin la implicación efectiva de un juez. Así lo ha hecho saber EGEDA, una de las más críticas con las descargas y cuyo presidente, Enrique Cerezo, ha sido foco de algunas polémicas por sus declaraciones en contra de los usuarios que intercambian archivos, a quienes no dudaría en enviar a la cárcel si pudiese.
Ahora ha sido el director de Comunicación Pública de la entidad, Miguel Angel Benzal, el que ha vuelto a escena y ha criticado la alta tasa de «piratería» en España. A pesar de contar con la Ley Sinde como herramienta para combatir a las webs de enlaces, a las que ve como enemigas de la cultura, considera que esta norma «no ha tenido ningún efecto».
«Seguimos igual o peor«, señaló Benzal, quien advirtió que se están «percibiendo nuevos medios por los que se produce la piratería, como ciertas aplicaciones». Por este motivo, el representante de EGEDA ve fundamental que se aceleren las actuaciones de la Comisión de Propiedad Intelectual encargada de dictaminar el cierre de páginas web o impedir que sean visitadas en nuestro país en caso de estar alojadas más allá de nuestras fronteras.
Las declaraciones desde la entidad vienen a reforzar las argumentadas desde la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), que recientemente aseguró que apenas hay 10 expedientes iniciados por incumplimiento de la norma. «Las leyes que no se aplican son papel mojado y si se aplican con rigor dan resultado», afirmó su representante, José Manuel Tourné.
Cabe preguntarse si estas presiones tendrán algún efecto en la política de propiedad intelectual del Gobierno. Hace poco nos hicimos eco del borrador filtrado en los medios en el que se contemplaba la posibilidad de eliminar el derecho a la copia privada como un primer paso para ilegalizar el intercambio de contenidos a través de Internet. Es muy posible que la industria cultural reme en esta dirección y habrá que ver si el Ejecutivo vuelve a posicionarse de su parte en su futura estrategia acerca de la propiedad intelectual.