El debate no es nuevo, y es que la utilización de teléfonos inteligentes en clase lleva suponiendo una importante polémica desde años atrás. La opinión es diferente si nos ponemos en el lugar de los padres, los expertos y las instituciones implicadas. ¿Es la solución prohibir los móviles en clase?
Tanto en el caso de los niños como en el de los adolescentes, y por lo tanto los colegios y los institutos, llevan manteniendo sin solución desde años atrás un problema, y es que aún no se ha determinado con unanimidad si debe estar prohibido, o no, el uso de teléfonos inteligentes en clase. Evidentemente, durante el trascurso de las clases son muchos los centros educativos que no lo permiten, pero el debate está en si pueden permanecer encendidos, o no, e incluso si pueden llevarlo encima los estudiantes. Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido el primero, a nivel nacional, en tomar una determinación legal prohibiendo el uso de teléfonos móviles en las escuelas e institutos de la Comunidad Autónoma.
Lo interesante de este caso, sin duda, está en que la competencia sobre el tema siempre se ha dejado en manos de cada uno de los centros educativos, mientras que por primera vez ha sido el propio Gobierno de la Comunidad Autónoma el que ha sentado nuevas normas legales. Evidentemente, no se ha prohibido de una forma «cerrada», sino que se ha dado la posibilidad de «usar el teléfono móvil en casos expresamente previstos por el proyecto educativo del centro, o bien en situaciones excepcionales debidamente acreditadas».
El problema del móvil en clase
Como adelantábamos, el debate lleva años sin una solución contundente, salvo en casos aislados en los que los centros educativos han alcanzado una solución dialogada que pueda beneficiar a todos. Y es que, mientras que en algunos centros -pocos, por desgracia- no se ha producido ningún contratiempo por el hecho de que los estudiantes lleven encima su teléfono móvil, no son pocos los casos de acoso, violación de la intimidad y distracciones que se han producido. Por lo tanto, aún seguimos cuestionándonos si la solución es prohibir el uso de los móviles y, por otra parte, si es estrictamente necesario que tenga que intervenir un organismo ajeno a los propios centros.