La Ley Sinde se cobra su primera víctima al dejar indefenso al responsable de una web de enlaces

Indefensión. En este estado queda el responsable del primer caso de la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano administrativo diseñado dentro del marco de la Ley Sinde-Wert. Su abogado, David Bravo, ha explicado las peligrosas consecuencias que se pueden ocasionar gracias a la ley antidescargas.

Era cuestión de tiempo. Tras la entrada en vigor de la Ley Sinde-Wert y la presentación de varios centenares de denuncias contra las webs de enlaces, el siguiente paso ha sido la apertura de expedientes contra dichas webs en pos de cerrarlas si infringen la polémica norma antidescargas. La Comisión de Propiedad Intelectual es el instrumento empleado para proceder a estos cierres. Su diseño fue muy polémico desde un primer momento, al tratarse de un órgano administrativo cuyas decisiones determinan el cierre o no de una web de forma que la figura judicial pasa a un segundo plano al no intervenir de forma activa en este proceso.

La web Bajui y su administrador han sido las primeras afectadas por la norma antidescargas. El abogado David Bravo explica el proceso contra la web de enlaces a todo tipo de contenidos, algunos de ellos infractores de los derechos de autor. Se trata del tercer intento de cerrar la web después del fracaso en los tribunales por la vía penal y civil por parte de la SGAE. El letrado denuncia que estos antecedentes no pueden ser alegados por el acusado. "No hay ningún trámite específico para que él pueda alegar absolutamente nada. Tendrá que limitarse a cumplir lo que le ordene la Comisión", señala.

Esta comisión se ha dirigido contra la empresa del servicio de alojamiento y descargas directas Uploaded.to, ubicado en Suiza, dado que en él se almacena un disco de la cantante Luz Casal y cuyo enlace aparece en Bajui. Por eso, a esta web se le concede el papel de "intermediario" en la infracción y se le pedirá la retirada de estos enlaces en un plazo de 72 horas, ante lo que no podrá alegar al no ser "técnicamente parte en el procedimiento". En caso de no retirar los enlaces se considerará "una infracción muy grave incumplir la orden del órgano administrativo" dentro del marco de la LSSI, algo que está sancionado con una multa de entre 150.001 a 600.000 euros.

En caso de aceptar la retirada, el autor reconoce tener "conocimiento efectivo" de que los enlaces dirigen a un contenido que se difunde sin permiso de los titulares de los derechos de autor, por lo que se otorga el papel de "responsable" al webmaster de Bajui si no los retira. También se señala que el administrador de la web será responsable de los enlaces que aparezcan en un futuro en la web y que se dirijan a este contenido infractor.

Filtrar los contenidos que aparezcan en un futuro

Aunque el responsable de la web no sea quien sube estos enlaces, éste queda en el punto de mira de la Comisión. Así, éste tendrá que instaurar un sistema de filtrado de sus contenidos para "evitar incumplir la obligación que se le impone". Para más inri, la resolución a la que alude Bravo asegura que hace una interpretación del citado conocimiento efectivo establecida por el Tribunal Supremo sin citar estas supuestas sentencias.

A pesar de que la LSSI especifica qué se entiende por "conocimiento efectivo" se puede dar el caso de que el responsable de la web lo desconozca si ha sido subido por los usuarios de forma masiva o si la web es un buscador. Esto pone en la diana de la Comisión a todo tipo de webs que enlazan a terceros, desde agregadores de noticias a buscadores como el mismísimo Google. Esto nos lleva a una situación de lo más kafkiana, ya que en caso de ser designados como prestadores de un servicio de intermediación pueden recibir las citadas multas si desobedecen -además sin capacidad de defenderse- a la Comisión en un procedimiento en el que no se puede demostrar una participación directa.

Permaneceremos atentos a la resolución de este caso que pone de relieve las censoras intenciones de la norma antidescargas apoyada por PSOE, PP y CiU.