Antes de que la crisis económica impactara en las cuentas de los Ayuntamientos, muchas ciudades apostaron por desplegar WiFi público para ofrecer a sus ciudadanos la posibilidad de acceder a Internet. En RedesZone.net hemos analizado a fondo la red WiFi de Guadalajara y la conclusión es clara, no merece la pena derrochar dinero en un despliegue limitado a 256 Kbps.
Cuando las redes inalámbricas comenzaron a proliferar, los operadores de banda ancha fueron el primer escollo que tuvieron que superar los ayuntamientos. Las compañías argumentaban que las redes públicas dañaban su negocio y además lo hacían utilizando el dinero de los contribuyentes. Por otro lado, rechazaban los propios despliegues por la escasa rentabilidad.
Después de varios tiras y alflojas entre la Administración Pública y los operadores, la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) decidió regular el despliegue de redes WiFi públicas con el objetivo de proteger a la competencia entre operadores para permitir este tipo de proyectos.
Límite de velocidad
El regulador decidió que 256 Kbps era una velocidad que no afectaba a los operadores porque no sustituía a las conexiones fijas o móviles. En este punto la CMT no se equivocaba, el problema es que con este límite los usuarios prácticamente no pueden ni navegar como veremos a continuación.
Análisis de la red WiFi pública de Guadalajara
Para comprobar la ineficacia de las redes inalámbricas públicas, el equipo de RedesZone.net se ha echado a la calle para testear a fondo la red pública de la ciudad castellano-manchega. Las conclusiones son evidentes, el WiFi público sirve para utilizar WhatsApp o como mucho escribir algún «Tweet» pero poco más. Al ser un límite impuesto, los 256 Kbps son teóricos y la velocidad de navegación es muy inferior lo cual impide abrir páginas web o descargar correos.
Al problema de velocidad hay que sumarle la inestabilidad de la conexión, los límites de descarga y la latencia elevadísima. No te pierdas el análisis a fondo y opina sobre el sentido de este tipo de inversiones por parte de las Administraciones Públicas.