Por qué es censura la Ley Sinde-Wert

Por qué es censura la Ley Sinde-Wert

Javier Sanz

El abogado Carlos Sánchez Almeida ha dejado entrever que la conocida por Ley Sinde-Wert podría abrir las puertas de la censura al ofrecer la posibilidad de cerrar webs lejos del ámbito judicial, lo que chocaría con el derecho de la libre información amparado por nuestra Constitución.

Ya ha entrado en vigor la polémica Ley Sinde-Wert, tal y como se conoce popularmente la Ley de Economía Sostenible, impulsada por el gobierno de Rodríguez Zapatero y seguida por el de Mariano Rajoy, en un claro proceso continuista. Una controvertida ley que puede poner los cimientos de una peligrosa práctica en la que la libertad de información podría verse nuevamente comprometida en nuestro país.

Así al menos lo considera el abogado Carlos Sánchez Almeida en un artículo publicado en la web de El Mundo, donde advierte de los peligros que puede conllevar la creación de un órgano capaz de cerrar webs sin la mediación del poder judicial; un trámite que el gobierno ha querido eliminar para evitar cualquier tipo de independencia a la postura de la industria de la cultura a la hora de llevar a cabo el cierre o no de la página investigada.

Los comentarios del mentado abogado se suman a la de otras muchas voces, como la de Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información en IE Business School, y experto en Internet, quien también emplea la palabra censura al referirse a la Ley Sinde-Wert, y cómo se ha querido quitar de en medio a los jueces en todo el proceso de decisión (su papel es el de mero ejecutor) por una simple razón: las últimas sentencias son a favor de las webs.

Pero quizá, como lo más flagrante de todo ello, se esgrime la arbitrariedad que ampara esta ley, ya que al denunciante se le protege de cualquier delito de falsa acusación; es decir, que a partir de ahora, cualquiera puede denunciar a una web sin peligro de recibir represalias o denuncias en caso de que las acusaciones sean completamente falsas y sin pruebas. El órgano dependiente del gobierno ya se dedicará a dilucidar si dichas acusaciones son reales o no, pero en cualquier caso el denunciante sale exculpado de cualquier delito.

Una práctica más propia de sistemas autoritarios que creíamos haber dejado atrás o de lo que acusan a otros países para mostrar lo bien que funciona nuestra democracia, aunque en la sombra se estén aprobando leyes que no parecen coherentes con el espíritu democrático, y ni siquiera con nuestra propia Constitución.

Eso sí, todos ellos también señalan el fracaso al que parece que está avocada esta ley, por lo que no se muestran preocupados por las consecuencias directas que tendrá sobre Internet, dado que será fácil eludir sus bloqueos (mediante DNS), aunque, vuelven a reiterar, sí que es preocupante el grave antecedente que puede suponer para el futuro dejar a un lado el poder judicial a la hora de cerrar páginas webs.