Zapatero admite que la presión de los internautas paralizó la Ley Sinde

El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido que el último frenazo en la activación de la Ley Sinde vino motivado por la presión ejercida por los internautas en las redes sociales y por el temor a manchar la imagen del PSOE en caso de haberse aprobado.

El pasado viernes 2 de diciembre se reabría la polémica en torno a la ley antidescargas española, conocida como Ley Sinde. Todo apuntaba a que el Consejo de Ministros del Gobierno en funciones aprobaría el reglamento final de la norma para dar paso al controvertido cierre de páginas web de enlaces. El Partido Popular, vencedor en las últimas Elecciones y apoyo fundamental en la aprobación de esta ley, ya había dado el visto bueno para este movimiento.

Sin embargo, tras la reunión el todavía ministro de Fomento, Pepe Blanco, anunciaba que no se había procedido a la aprobación de la Ley Sinde. Aunque el ministro reconoció que se había puesto sobre la mesa su aprobación, el reglamento contó con la oposición de parte de la cúpula del PSOE. En un primer momento se especuló con que el propio Blanco paralizase la activación de la norma por miedo a manchar la imagen del partido después de las múltiples críticas lanzadas desde la comunidad internauta. Según se rumoreó, Alfredo Pérez Rubalcaba y Miguel Sebastián también se opusieron a la aprobación de la norma con los mismos motivos.

En esta ocasión ha sido el aún presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha reconocido lo sucedido. En una entrevista concedida a ABC Punto Radio, el político ha afirmado que el "reglamento era muy polémico, era un tema de debate, y hubo compañeros del Consejo de Ministros que ponían en cuestión su aprobación". "Visto, además, el debate que se produjo en las redes sociales decidí que no lo aprobaba. Fue una decisión mía", subrayó el presidente.

Días más tarde se filtró el borrador de dicho reglamento en varios medios y se pudo comprobar la forma en la que el Gobierno pretendía hacer frente a las páginas que albergan enlaces a contenidos protegidos con derechos de autor. La información aparecida confirmaba el cierre exprés a través de la Comisión de Propiedad Intelectual y la escasa participación en el proceso de la figura judicial.

La decisión del Gobierno en funciones despertó las iras de un puñado de artistas y representantes de la industria cultural y del entretenimiento, que llegaron incluso a arremeter contra los usuarios que habían criticado la polémica norma. Además, sus críticas han servido para dar inicio a una campaña de presión que busca influenciar al próximo Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de aprobar la norma que consideran tabla de salvación de su negocio a pesar de que la efectividad de esta ley está en entredicho.