El Ministerio de Cultura estudia modificar la Ley Sinde por chocar con la actual legislación
El último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría haberse convertido en el obstáculo definitivo para el desarrollo del reglamento de la Ley Sinde, al subrayar que los enlaces son legales en España. El gran proyecto antidescargas del Gobierno se desmorona antes de su aplicación.
La Ley Sinde podría no llegar a entrar en funcionamiento nunca en su actual concepción. Creada bajo las presiones de Estados Unidos y la poderosa industria cultural, la normativa antidescargas española impulsada por la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, fue aprobada en el Parlamento a comienzos de 2011 con el apoyo al PSOE de PP y CiU. Su objetivo es cerrar páginas web de enlaces a contenidos con copyright mediante un organismo administrativo.
Sin embargo, la legislación española y las numerosas sentencias judiciales (ignoradas en su tramitación) podrían ser ahora el obstáculo definitivo para que esta polémica ley se aplique en España. «Tenemos que modificar algunos aspectos«, admitió recientemente el Ministerio de Cultura en declaraciones citadas por Público. Estas palabras llegan después de conocerse el informe del CGPJ en el que se reconocía que el enlace a contenidos alojados en servidores externos no se considera ilegal, algo que choca de frente contra esta ley.
El abogado especialista en propiedad intelectual David Maeztu considera que el Ministerio habría de «replantearse todo» el contenido de la norma, puesto que la Comisión de Propiedad Intelectual que crearía la Ley Sinde no tiene autoridad para decidir el cierre de webs y decidir sobre hechos «constitutivos de delito». De este modo, sería imposible el cierre exprés que se busca desde la norma.
Al margen de este importante aspecto, la composición de la Sección Segunda extraña mucho al Consejo Fiscal, puesto que los miembros no necesitan formación jurídica sino que simplemente se pide que sean funcionarios con «conocimientos acreditados en materia de propiedad intelectual». El Consejo Fiscal señala la importancia de una «adecuada formación jurídica de los miembros de esta sección».
Otro abogado especializado en propiedad intelectual como Javier de la Cueva ha insistido en la «chapuza técnica» en que consiste la Ley Sinde. «No tiene sentido que la sección que tiene que valorar si se comete una infracción no tenga conocimientos jurídicos». «Se quieren aplicar criterios políticos y no jurídicos», explica el letrado.
A todo esto hay que unirle que al enlace como tal «no se le puede atribuir una vulneración de derechos de propiedad intelectual». «En rigor los enlazadores no estarían reproduciendo, comunicando públicamente ni efectuando en suma una conducta que pueda ser calificada como de explotación de derechos de propiedad intelectual», explicaba el CGPJ. Sin embargo, hay que recordar que este informe es consultivo pero no vinculante.
¿Hará caso omiso el Gobierno a las recomendaciones de la Justicia española o seguirá adelante en una batalla contra los derechos de sus ciudadanos?