La ilegalidad de las leyes que persiguen a los usuarios de redes P2P

La ilegalidad de las leyes que persiguen a los usuarios de redes P2P

Redacción

Recientemente hemos conocido la nueva regulación que servirá para perseguir a los usuarios que compartan archivos en redes P2P en Estados Unidos. Los operadores han decidido adoptar el papel de policías y vigilantes de la Red, pero la respuesta no ha tardado en llegar: este tipo de leyes son anticonstitucionales.

Arstechnica se hace eco del acuerdo alcanzado entre los principales operadores de EEUU, AT&T, Verizon, Comcast o Time Warner entre otros con las agencias para la protección de la propiedad intelectual. Entre ellas están representadas las potentes industrias discográfica (RIAA) y de cine (MPAA). Los operadores han aceptado perseguir a los usuarios de redes P2P como BitTorrent o eMule si descargan material con copyright, y enviarán hasta seis notificaciones a los infractores de la propiedad intelectual para amenzarles con la desconexión.

Este sistema bebe directamente del que se aplica en Francia, de tres avisos, aunque con algunas diferencias. Los primeros avisos serán meramente informativos y se utilizará el email para contactar. En ellos se facilitará información para que el usuario aumente las medidas de seguridad de su red WiFi y se le informará de la existencia de sitios "legales". Al tercer y cuarto aviso el usuario tendrá que responder de la recepción.

Será a partir del quinto comunicado cuando los operadores tomen "medidas atenuantes". Estaríamos hablando de reducción de la velocidad de su conexión o la redirección a webs con información sobre los derechos de autor hasta que el usuario contacte con el operador. A partir del sexto aviso se podría desconectar al internauta, aunque las compañías no están obligadas a hacerlo. No obstante, es posible que la industria cultural presione para que así sea.

Esta medida así como el endurecimiento de las leyes en defensa de la propiedad intelectual ha sido denunciada en un escrito por un grupo de profesores de Derecho, que ha señalado que este tipo de medidas son anticonstitucionales. En una carta firmada por 90 profesores del país norteamericano se señala que la libertad de expresión y la presunción de inocencia volarían por los aires con este planteamiento.

"La ley permitiría a los tribunales ordenar a cualquier proveedor a dejar de reconocer un sitio, incluso aunque se trate de una restricción temporal expedida el mismo día que se presentó la queja. Sería el equivalente a la pena de muerte en Internet", explican en el comunicado citado por Bitelia. "No existe presunción ni defensa y eso está muy lejos de lo que la Constitución exige. No sólo eso, el bloqueo de dominios entero podría contener grandes cantidades de contenido sin ningún tipo de infracción. Es como quemar la casa para asar el cerdo", sentencian.