La elección de Teddy Bautista como presidente de la SGAE podría haber estado amañada

A medida que transcurren los días, más turbio parece todo lo que rodea a la SGAE y a su cúpula directiva. Según el auto del juez Pablo Ruz, que investiga el caso de desvío de fondos de la entidad, las elecciones del pasado jueves que sirvieron para la reelección de Teddy Bautista podrían haber estado amañadas.

José Luis Rodríguez Neri, cabecilla de la trama

Según leemos en El Periódico de Catalunya, la trama de desvío de fondos que ha salpicado a la Sociedad Geneneral de Autores y Editores (SGAE) desde la pasada semana, vivió el jueves un nuevo episodio justo antes de estallar el escándalo. El cabecilla de esta trama, José Luis Rodríguez Neri, habría amañado las elecciones que sirvieron para reelegir a Teddy Bautista como presidente de la entidad de gestión de derechos de autor. Además, el juez Ruz considera que lo había hecho con el consentimiento del propio Bautista.

La Guardia Civil irrumpió en la sede de la entidad cuando se terminaban de contabilizar los votos de los comicios, lo que podría servir de confirmación a la hora de demostrar este presunto pucherazo electoral. El juez Ruz ha señalado al supuesto autor del amaño, director general de la sociedad digital de la SGAE, como líder de esta trama descubierta, por lo que impuso una fianza de 300.000 euros.

El juez ha imputado a Rodríguez Neri, al igual que a Bautista, un delito societario. En 2003 era presidente de Microgénesis, la empresa que se usó para cometer la apropiación indebida de miles de euros de los fondos de la SGAE según las pesquisas. El director de esta empresa en la actualidad, Rafael Ramos, también declaró ante el juez, acusado de apropiación indebida y administración desleal, por lo que le ha impuesto una fianza de 150.000 euros.

Hasta que Rodríguez Neri y Ramos abonen sus respectivas fianzas, permanecerán en prisión. No es el caso de Teddy Bautista, Enrique Loras (director general de la SGAE) y de Ricardo Azcoaga (director económico de la entidad), en libertad sin fianza pero con cargos de delitos similares a los de sus socios y que pueden ser castigados hasta con 10 años de cárcel.