Miguel Sebastián cree esencial la Ley Sinde para la creación de contenidos en la Red

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha defendido la postura del Gobierno en su iniciativa por proteger los derechos de autor de los creadores en Internet, lo que puede ser resumido en un apoyo hacia la polémica Ley Sinde. Sebastián considera esencial "la protección de la propiedad intelectual" para que se sigan generando contenidos en Internet.

Sebastián hizo su defensa sobre los principios de propiedad intelectual en el acto de presentación del Informe Anual de la Sociedad de la Información elaborado por la Fundación Telefónica. Sus declaraciones, recogidas por Europa Press, siguen la línea de lo expuesto por otros miembros del Ejecutivo como el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien señaló hace unas semanas que "garantizar la propiedad intelectual es propio de países avanzados".

El ministro repitió el concepto expuesto por Zapatero: "Queremos seguir siendo un país de primera en la Sociedad de la Información y por ello debemos ser un país de primera en la protección de la propiedad intelectual". "Muchas veces se trata de transmitir la idea equivocada de que el desarrollo de Internet y de la Sociedad de la Información está reñido con la protección de la propiedad intelectual", afirmó asegurando que si no se defienden estos principios, "con el tiempo, no habrá contenidos" y, que sin los mismos, se perdería de "forma sustancial" el valor y el atractivo de Internet.

Las palabras del político coinciden con el anuncio por parte de su ministerio de la inversión de 133 millones de euros en la mejora de las infraestructuras de banda ancha en nuestro país. Al contrario de lo que señaló el propio Sebastián en su día, cuando afirmó que el precio de las conexiones en España eran un 21% más baratas que en Europa, la mejora de las redes telecomunicaciones en nuestro país se antoja más necesaria que la creación de medidas que restrinjan las libertades en Internet para proteger un concepto de propiedad intelectual anclado en el pasado.

A pesar de las cantidades multimillonarias que continúa facturando la industria cultural en nuestro país (más de 8.000 millones de euros en 2009), parece cuestión de primer orden para el Gobierno impulsar una ley que ha sido ampliamente rechazada por la comunidad internauta dado el grado de censura que rezuma. Desde el Ejecutivo se insiste en que no tiene por qué ir contra los derechos de los usuarios, pero si de verdad se busca una norma consensuada se echa en falta que la opinión de los internautas se tenga en cuenta.