Sinde promete una comisión antipiratería consensuada

Sinde promete una comisión antipiratería consensuada

Redacción

La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, ha prometido que la Comisión de Propiedad Intelectual que se encargará de cerrar webs será un órgano "plural y consensuado". Sólo falta por conocer el concepto de consenso y pluralidad que la política tiene, aunque se antoja un tanto particular si nos atenemos a sus intenciones, quizá no tan democráticas.

Oídos sordos a las campañas masivas pidiendo una reforma de la futura Ley de Economía Sostenible. Esta es la actitud del Ministerio de Cultura y del Gobierno, que siguen empeñados en cerrar páginas web sin pararse a reflexionar sobre si supone un paso atrás en los derechos de los internautas. Es la única solución que se plantean a pesar del rechazo por parte de la comunidad internauta a esta alternativa.

No obstante, la ministra Sinde pinta de colorines su propuesta coercitiva: "La Comisión contará con miembros muy expertos y que representen a todas las partes implicadas". La tan manida "pluralidad" está por ver, y por ahora la política parece más preocupada en crear la Comisión con la "mayor agilidad" posible para poner el mecanismo que acabaría cerrando páginas web lo antes posible sin la necesidad de la figura de un juez. Curiosa y no casual la eliminación del poder judicial en el proceso, ya que descubre las verdaderas intenciones del mismo dado que, los jueces ya se han posicionado a través de sus sentencias: las páginas con enlaces son legales y la esencia misma de Internet.

Ignoradas estas resoluciones, y eliminando la opinión de los usuarios, el concepto de "consenso" y "pluralidad" parece más claro en opinión de Sinde y sus adláteres. En sólo unos meses será más evidente, cuando esta Comisión salga adelante y no puedan esconder sus intereses, ni tan plurales ni tan consensuados. Hasta entonces, capa de pintura y símbolos de la paz para el tanque dirigido por un Gobierno a merced de la industria cultural. Su negocio se tambalea, están dispuestos a pasar por encima de los derechos en la Red y el Ejecutivo se prepara para legitimarlo, eso sí, con bonitas promesas.