Se multiplican las consultas relacionadas con los servicios de mensajes a móvil

La Unión de Consumidores ha instado a la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (SETSI) a adoptar medidas limitativas en lo que se refiere al llamado sistema de envío de mensajes SMS Premium, de manera que se dé sólo en aquellos casos en los que el usuario manifieste su consentimiento expreso de manera contractual, por escrito y una vez haya sido debidamente informado. De un tiempo a esta parte, en las distintas oficinas de la Unión de Consumidores de Andalucía, se están dando cada vez con más frecuencia consultas de usuarios alertados por cargos en sus contratos de telefonía móvil, provocados por el alta en los denominados sistemas de SMS

Se trata de un servicio por el cual, y tras darse de alta mediante el envío de un mensaje corto, el usuario comienza a recibir sucesivamente y sin su consentimiento explícito mensajes de contenido diverso cuyo coste tiene que asumir.

El problema radica en que la información sobre los costes y el sistema de recepción y abono de este servicio suele pasar desapercibida para el usuario debido a las técnicas publicitarias utilizadas.

Así, el mensaje que informa sobre los costes y la naturaleza del servicio aparece en cuerpos de letra minúsculos, durante tiempos de emisión irrisorios o, simplemente, se obvia. Estos hechos perjudican gravemente los intereses de unos consumidores que desconocen el alcance real de su acción y que no han dado su consentimiento explícito para hacer uso de dicho servicio. Por ejemplo, muchos programas de televisión indican que hay que mandar un SMS y una vez que el usuario lo envía recibe otro diciendo que faltan otros tres.

A esto hay que añadir la postura de las operadoras de telefonía móvil que, bajo una presumiblemente beneficiosa pasividad, no supervisan las condiciones en las que se ofrece un servicio que sin ellas no podría prestarse. Esta situación ha llevado a UCE-Andalucía a pedir responsabilidades a las tres principales empresas de telefonía móvil que operan en nuestro país (Vodafone, Orange y Movistar) a fin de que se impliquen en una situación que les afecta directamente y que tan pingües beneficios les está proporcionando.