Cobrar por la factura del ADSL y móvil en papel es ilegal según Consumo

«Práctica abusiva y contraria a la buena fe«. Así ha calificado el Instituto Nacional de Consumo (INC) el cobro por la emisión en papel de facturas que ha comenzado a realizarse en el sector de las telecomunicaciones ya que considera que debería ser gratuito para el usuario.

El pasado mes de junio conocíamos que Jazztel se unía a Movistar y Vodafone a la hora de cobrar a los usuarios que optasen por recibir sus facturas en papel. Los operadores se escudan en que se trata de «una medida sostenible para cuidar el medio ambiente» y animan a sus clientes a consultar los detalles de llamadas y conexiones a través de los servicios online habilitados para ello. En caso de insistir en la facturación postal tradicional el usuario pagaría 1 euro extra al mes.

Sin embargo, la medida ha sido fuertemente criticada por organizaciones de consumidores así como por el INC, cuyo informe es rotundo respecto a este tipo de medidas. El documento, elaborado tras la consulta de la Agencia Catalana de Consumo sobre la viabilidad jurídica de esta práctica, concluye que se trata de un abuso contra los consumidores.

Las empresas que apuestan por la medida consideran que al dar la posibilidad de consultar online el consumo mensual, el envío de la factura física ha de entenderse como un «servicio adicional«. En la postura contraria se encontraría el INC, al señalar que se trata de un «derecho reconocido» y como tal no se puede exigir el cobro al cliente.

En su argumento afirma que hay que atenerse a lo expuesto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las leyes que la complementan. Según éstas, «la factura emitida por un empresario cumple una función de acreditación», por lo que «cada una de las facturas emitidas por el empresario suponen el cumplimiento formal de las obligaciones que para éste se derivan del contrato y su emisión debe tener carácter gratuito«.

El INC recuerda que con el nuevo cobro de las facturas en papel estamos ante «una condición general que no ha sido negociada individualmente«. Esto provoca un «perjuicio al consumidor y produce un desequilibrio importante entre los derechos de ambas partes que es contrario a la buena fe por limitar los derechos reconocidos legalmente al consumidor». Veremos cuál es la respuesta de los operadores y si optan por eliminar el citado cobro o si por el contrario continúan adelante con su medida y se atienen a posibles recursos legales.