En España es casi imposible recuperar un smartphone robado

En España es casi imposible recuperar un smartphone robado

Claudio Valero

España es uno de los países del mundo con mayor penetración de la telefonía móvil, y el 44 por ciento de la población española tiene un smartphone. Pero es también uno de los países donde es prácticamente imposible recuperar el terminal en caso de robo.

Estos datos han sido extraídos de dos estudios aparecidos en El Confidencial y llevados a cabo por Pew Research e Ipsos MediaCT. Casi la mitad de la población tiene un smartphone, once puntos más que en el año 2011. La tendencia actual es comprarse cualquiera de estos teléfonos inteligentes que llega al mercado. Perderlo o sufrir el robo del terminal es un problema en nuestro país. Las leyes no están preparadas. Las consecuencias del robo de nuestro teléfono son, por un lado económicas, y por otro de privacidad, ya que tenemos muchos datos personales en nuestro smartphone.

Los sistemas operativos móviles más populares, iOS y Android, incorporan servicios como Where’s my droid o Find my iPhone, que nos permiten localizar los terminales extraviados o robados. De todas formas, que los localicemos no asegura que los vayamos a recuperar. La víctima del robo debe poner una denuncia en comisaria y esperar a que llegue al juez. En ese momento pueden ocurrir dos cosas, la primera y más probable, que la denuncia se quede en el olvido, y la segunda y por desgracia menos probable, es que logremos recuperar nuestro teléfono.

El juez es quien decide si es necesario pedir una orden a la compañía telefónica para que les transmita el IMEI del terminal robado y así localizarlo. Según declara el responsable del área jurídica del Sindicato de los Mossos, Joan Navarro, el problema es que actualmente todo es un caos y no hay órganos de cooperación. Existe un problema de falta de gestión.

Esta opinión no es compartida por el portavoz de la Asociación de Jueces y decano de Jueces de Madrid, José Luís González. Explica que los jueces suelen ser bastante reacios a abrir un proceso, ya que entienden que se trata de un delito menor y se basan en el principio de proporcionalidad y de mínima intervención.

No se descarta que el costo del proceso sea otra de las causas de esta inactividad judicial. Se estima que un proceso de este tipo puede costar sobre los 900 euros y debe ser pagado por el Estado y no por el denunciante.

Lo que parece claro es que la normativa va por detrás de las necesidades de la sociedad. El mundo de las telecomunicaciones avanza muy deprisa y la justicia tarda en avanzar y ponerse a la altura.

¿Qué os parece la situación?