La mitad del software en España es pirata, muy por encima de la media europea

España sigue señalado como uno de los «paraísos de la piratería». La última en hacerlo ha sido la llamada Business Software Alliance, que asegura que casi la mitad de los programas que se utilizan en las empresas de nuestro país son copias piratas.

En un comunicado distribuido entre los medios la BSA se encarga de enfatizar el alto nivel de «piratería» que se da en materia de software en las empresas en España. Esta organización insiste en la teoría que asegura que vivimos en uno de los países con más software ilegal de Europa. En concreto indican que con los datos de IDC el porcentaje global de software pirateado ha pasado del 43 al 44%, una cifra que supone un retroceso hasta los datos de 2003.

Muy por encima de la «piratería» en Europa

La BSA considera que el software instalado en los ordenadores españoles hubiese adquirido en el mercado los 874 millones de euros, una cifra que preocupa a la organización, puesto que «aleja a España de los niveles que deben ser su referencia». En concreto el informe señala que la media europea se redujo en 2 puntos, hasta el 33%, por lo que estaríamos muy por encima de ella.

Al margen del valor en el mercado que hubiese adquirido el software ilegal en caso de comprarse de forma legal, la BSA cree que habría mejorado la economía del país. Se hubiesen generado 2.500 empleos, 471 millones de euros en impuestos derivados de su comercialización y el PIB se habría incrementado en 2.250 millones de euros. Igualmente, la organización insiste en que utilizar software ilegal puede tener consecuencias graves como denuncias a empresas que podrían significar elevados gastos para éstas o una «mayor exposición a ataques de virus informáticos y malware».

En su guerra contra el software ilegal la BSA admite que en el primer semestre de 2012 aumentó un 24% el número de acciones legales realizadas en España contra empresas por esta causa. Tres de cada 4 actuaciones fueron consecuencia de demandas de exempleados de estas empresas que deciden actuar alertando sobre la utilización de software ilegal en sus equipos informáticos.