Los ministros de Justicia de los países miembros de la Unión Europea han acordado hoy el reglamento que regula el derecho al olvido en Internet que ya fue reconocido el pasado año por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La ley definitiva verá la luz antes de final de año y contempla fuerte sanciones a las compañías que incumplan esta normativa.
Hasta ahora, Google o Bing han sido las empresas más afectadas por las solicitudes que han hecho los ciudadanos de la Unión Europea respecto al derecho que les asiste de solicitar que se borren sus huellas en la red. Fue en mayo de 2014 cuando el TJE reconoció este derecho sobre los ciudadanos europeos, por el que se obligaba a los motores de búsqueda que operaban en suelo europeo a retirar de los resultados de búsqueda aquellos enlaces que hicieran referencia a una información obsoleta o incorrecta.
A partir de ese momento se desató una corriente de críticas a la medida debido a que desde muchos medios se la tildaba de censura, pero lo cierto es que una vez reconocido el derecho al olvido, era necesario establecer una normativa común creada por todos los estados de la Unión Europea. Con esta nueva regulación se estima un ahorro de 2.000 millones de euros en trámites burocráticos que a partir de ahora serán homogéneos para todas las empresas que deban cumplir esta ley. Algunas de esas corporaciones tienen tanto peso en la red como la propia Google o Facebook, pero afectará a todas las compañías que ofrezcan servicios de Internet a los ciudadanos de la UE.
Fuertes sanciones para quienes no cumplan la ley
Uno de los puntos más llamativos del acuerdo alcanzado por los ministros de Justicia de los 28 territorios miembros de la UE ha sido el referente a las sanciones, ya que podrán enfrentarse a multas que alcancen 1 millón de euros o hasta el 2% del volumen de facturación. Esta nueva legislación regula además del derecho al olvido en Internet, también el tratamiento que se le da a la información del propio usuario, a la vez que establece medidas para que se puedan rectificar los datos personales manejados y una especial protección a los menores de edad.
En aquellos casos en los que se entre en conflicto con la libertad de expresión, el proceso quedaría en manos de los tribunales o de las propias autoridades que velen por la protección de datos de los consumidores y usuarios. El ministro de Justicia de España ha calificado el acuerdo como positivo «aunque mejorable» y ha hecho referencia al próximo 24 de junio como la fecha marcada para debatir en el Parlamento Europeo el texto definitivo sobre esta ley que se aprobaría antes de finales de año y permitirá a los ciudadanos controlar mejor la cesión y control de sus datos personales.