#SiTeCensuraTwitter, la denuncia masiva de FACUA contra la red social

#SiTeCensuraTwitter, la denuncia masiva de FACUA contra la red social

Carlos González

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la red social Twitter por la suspensión de cuentas ante las autoridades competentes. Desde la organización aseguran que se están produciendo suspensiones ilegales y censura de mensajes que no vulneran ninguna legislación. Según FACUA, Twitter está vulnerando la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el Código Civil y la Constitución Española. 

Con la intención de que todos los usuarios afectados se sumen a la iniciativa, FACUA está tratando de potenciar la utilización del hashtag #SiTeCensuraTwitter, una forma de protesta pública que, no obstante, viene respaldada por denuncias formales. Desde FACUA animan a los usuarios que hayan sufrido suspensiones temporales o definitivas de sus perfiles en Twitter reclamen a las administraciones para que sean impuestas multas. Evidentemente, no todas las suspensiones se consideran irregulares.

La cuenta de Twitter del propio portavoz de FACUA, por ejemplo, fue suspendida por difundir un número de teléfono asociado al fraude con mensajes SMS. Aunque Twitter justificó esta acción por «tratarse de un teléfono privado», lo cierto es que el número era público. Este es uno de los varios casos que FACUA nos relata en su denuncia, los cuales chocan con la legislación española y por lo cual las denuncias han sido remitidas a la Agencia Española de Consumo, Aecosan, Servicios Sociales e Igualdad.

noticia9026h

Cambio de política y multas para Twitter

FACUA sentencia que las prácticas mencionadas de la multinacional estadounidense Twitter son «anticonstitucionales, suponen una censura sin protocolo de control y colaboración con las autoridades» y, por lo tanto, persiguen la modificación de las «condiciones de servicio» y la imposición de multas por vulnerar la legislación española. Catalogan el protocolo de actuación de Twitter de «arbitrario», al tiempo que señalan que sus medidas son «absolutamente desproporcionadas», dado que se trata de una suspensión unilateral del contrato entre las partes sin notificación previa.