La industria cultural pide que las multas por P2P sean mayores y vayan a sus arcas

La industria cultural y algunos gobiernos siguen convencidos del poder de la persecución a los usuarios de redes P2P para evitar las descargas. Sin embargo, los primeros parecen no conformarse con que se multe a estos usuarios si se descargan sus contenidos sino que quieren que estas multas sean indemnizaciones para sus arcas.

Leemos a través de Bitelia la última propuesta en Francia por parte de la industria cultural. Allí impera con nulo resultado la llamada Ley Hadopi. Esta norma amenaza con desconectar a aquellos que descarguen material con copyright a través de redes P2P como BitTorrent o eMule, y lo hace de forma gradual, con el sistema de los tres avisos. Este consiste en advertir hasta en tres ocasiones al internauta de que su conducta va contra la ley y proceder a una multa económica y desconexión si continúa con sus hábitos.

El propio Gobierno francés ha reconocido el fracaso de esta iniciativa ya que no se ha detectado un descenso real en la llamada "piratería" en la Red. Además, lo engorroso del método ha hecho que el sistema se colapse y apenas unos pocos usuarios hayan sido los primeros en declarar hace sólo unos días ante la comisión Hadopi, que evaluará sus casos y podría sancionarles con el corte de su conexión a Internet durante un mes y una multa de 1.500 euros que iría a parar a las arcas públicas.

Sin embargo, la poderosa industria cultural no se confirma con estas medidas y quiere recibir indemnizaciones al sentirse perjudicada por las descargas. La Asamblea Nacional francesa cedió a sus presiones y ha abierto la puerta para que los titulares de los derechos de autor (estas grandes compañías) puedan reclamar daños y perjuicios a los usuarios sancionados.

De este modo, la industria podría pedir indemnizaciones de un máximo de 5.000 euros con la excusa de "compensar lo que el usuario se ha ahorrado descargando contenidos". No obstante, aún será el Senado galo quien apruebe de forma definitiva esta polémica medida. Aunque nadie niega el derecho a un artista a ganarse la vida con su obra, este tipo de medidas no parecen ir por el camino adecuado y demuestran una desorientación muy preocupante por parte de una industria anclada en tiempos pretéritos y unos gobiernos cuyo papel de títeres interpretan a la perfección.