El escándalo en torno al presunto fraude millonario de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) podría suponer fuertes penas de prisión para los implicados. El más destacado de ellos por su importancia en el cargo de la entidad, Teddy Bautista, podría ser condenado a 10 años de cárcel.
En libertad con cargos. Esta es la situación actual en la que se encuentra el recién reelegido presidente de la SGAE, Eduardo Teddy Bautista, después de haber sido detenido el pasado viernes junto a otros directivos de la entidad de gestión de derechos de autor. Tras prestar declaración ante la Audiencia Nacional, Bautista fue puesto en libertad pero los presuntos delitos que podría haber cometido están seriamente castigados y podría suponer su ingreso en prisión si así lo dictamina el juez.
Tal y como explica el abogado David Bravo, la pena máxima a la que se podría condenar a Bautista podría ser de 10 años. Así lo atestigua el auto del magistrado Pablo Ruz. A Bautista junto a los directivos Ricado Azcoaga y Enrique Loras se les acusa de «presunta participación en un delito continuado de apropiación indebida de especial gravedad, atendido el valor de la defraudación de los artículos 252, 250.5o y 6o y 74 del Código Penal». Esto está penado con «hasta seis años de prisión».
Además, se les podría condenar a otros cuatro años de prisión en caso de demostrarse su implicación en el «delito de administración fraudulenta del artículo 295 del Código Penal«. Bautista, podría ser culpable de un «presunto delito societario del art. 293 C. P. (negativa o impedimento a socios del ejercicio de los derechos de información y participación)», que sería castigado con hasta 12 meses de multa.
Complicada situación la que vive un alto cargo al que estamos acostumbrados a escuchar cargando contra aquellos que se oponen al canon digital y comparando las descargas con un robo. A primera hora de hoy, el canario ha acudido a la sede de la SGAE para continuar con su trabajo. El departamento de Recursos Humanos de la SGAE ha solicitado que se respete la presunción de inocencia de sus miembros «como un derecho constitucional».