Ultimátum de la Comisión Europea al Gobierno para que impulse la banda ancha móvil

La Comisión Europea ha amenazado al Gobierno de España con acudir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo si no garantiza en un plazo máximo de dos meses las frecuencias de 900 MHz para desplegar servicios de banda ancha móvil. El Ejecutivo español podría ver cómo el tribunal europeo le impone elevadas multas en caso de ignorar este ultimátum.

Según podemos leer en Europa Press, la paciencia de la Comisión Europea se agota en el caso español para que la banda de frecuencias de 900 MHz sea abierta para ofrecer servicios de Internet móvil. Los Estados miembros tenían hasta el 9 de mayo de 2010 para ofrecer una legislación nacional acorde con la directiva europea que obliga a abrir esta frecuencia a la banda ancha móvil, pero el Gobierno de España no ha hecho los deberes en este sentido.

"La apertura de esta banda del espectro radioeléctrico a tecnologías de acceso más avanzadas como el sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS) constituye un elemento importante de los esfuerzos por fomentar un despliegue más rápido y amplio de los servicios de banda ancha inalámbricos", se explica desde Bruselas. Sin embargo, la banda de frecuencias de 900 MHz está dedicada en nuestro país a la telefonía de segunda generación.

La intención de la Comisión Europea con su directiva es permitir la coexistencia en estas frecuecias de 900 MHz del sistema GSM (teléfonos móviles de segunda generación) con los sistemas UMTS (móviles de tercera generación que añaden conexión de alta velocidad a Internet a os servicios telefónicos normales) y permitir así servicios 3G a través de esta banda del espectro radioeléctrico.

Este es el segundo toque de atención al Gobierno desde Bruselas en menos de un mes. El organismo comunitario reclamó el pasado mes de febrero a nuestro país que mejore "con urgencia" las conexiones de alta velocidad, que son mínimas en nuestro territorio. Para ello exigió la adaptación "rápidamente" de las disposiciones judiciales necesarias para permitir el despliegue de servicios móviles por satélite, que harían llegar la banda ancha de alta velocidad a todas las zonas del territorio español, incluidas las zonas remotas o rurales. Estas son las más afectadas por la llamada "brecha digital".

Esperemos que el Ejecutivo español acelere ambos procesos y no dé lugar a las temidas sanciones, que acabarían siendo pagadas, como siempre, por los ciudadanos, casualmente los más interesados en las mejoras en las infraestructuras de telecomunicaciones.