FACUA denuncia a varios operadores por cobrar los amagos de portabilidad

FACUA denuncia a varios operadores por cobrar los amagos de portabilidad

Redacción

Las penalizaciones abusivas que cobran algunos operadores cuando los usuarios cancelan sus solicitudes de portabilidad han llevado a FACUA-Consumidores en Acción a denunciar a varias compañías. En concreto, centran sus críticas en Movistar, Orange, Jazztel, Ono y The Phone House.

La organización de consumidores vuelve a denunciar las prácticas de algunos de los principales operadores en España. Ésta considera un abuso la exigencia del pago si un usuario solicita la portabilidad de su número móvil desde otra compañía pero si finalmente se cancela por arrepentimiento del usuario. Según la organización es un «cobro excesivo que muestra la relación de falta de reciprocidad e inferioridad que tiene el usuario frente a las compañías telefónicas».

En muchas ocasiones los usuarios piden la portabilidad a otra compañía para recibir una contraoferta de su actual operador, lo que se conoce como amago de portabilidad. Para costear los trámites en caso de que efectivamente se trate de un amago y no se produzca los operadores receptores del nuevo número exigen un pago. Así, pretenden que el usuario no dé marcha atrás o no les utilice para recibir contraofertas. Igualmente, empujan al usuario a completar la portabilidad con este cobro, puesto que en caso de no producirse el cliente acaba perdiendo el dinero dado al operador receptor.

Mientras Ono y Jazztel exigen un pago de 151 euros, Orange y Movistar reclaman 118 y 100 euros respectivamente en portabilidades de ADSL y 50 euros en móviles en el caso del operador histórico. Se trata de la misma penalización que aplica The Phone House en concepto de «fianza».

Ante esta situación, FACUA ha remitido las nuevas denuncias al Instituto Nacional del Consumo (INC) y a las diecisiete autoridades autonómicas de protección al consumidor con el objetivo de que éstas exijan a las compañías el fin de estas cláusulas abusivas y además sancionen estas prácticas. La organización recuerda que penalizar al usuario por este concepto «vulnera la legislación en materia de comercio y defensa de los consumidores, que prohíbe expresamente cobrar cualquier cantidad como consecuencia del desistimiento de un contrato».

«La asociación considera lamentable que, pese a que las autoridades de consumo consideran ilegales estas prácticas, no ejercen sus competencias para erradicarlas«, explica en su nota de prensa. Para apoyar la ilegalidad de esta práctica recuerda el informe del propio INC así como la resolución de abril de 2011 de la CMT en la que se considera «contraria a las leyes de Defensa de los Consumidores y Usuarios y de Ordenación del Comercio Minorista».

Por este motivo, desde FACUA se anima a los consumidores a denunciar a los operadores ante las respectivas autoridades de Consumo de sus comunidades autónomas en caso de que éstos intenten cobrarles la penalización. Veremos igualmente cuál es la decisión del INC respecto a estas prácticas y si actúa con multas a los operadores que las llevan a cabo.