La tecnología IPTV no para de crecer y cada vez está presente en más hogares. De forma paralela, lo hace la piratería de contenidos que utiliza esta tecnología para llegar a los hogares de medio mundo. Como ya os hemos explicado en más de una ocasión, basta con tener una conexión a Internet, una suscripción pirata y una aplicación IPTV para Windows, Smart TV o móviles. La última de la piratería que conocemos es la amenaza a un revendedor de estas suscripciones: o deja de vender IPTV pirata o le multan con 10.000 euros al día.
Seguro que os suena BREIN, la agencia antipiratería de Países Bajos que se ha anotado un montón de victorias en su terreno en los últimos años. Estos han acabado con portales para descargar películas y series, páginas de streaming y otro tipo de tecnologías para acceder de forma ilegal a los contenidos. Ahora, han centrado su atención en el IPTV pirata. En los últimos años han colaborado con varias agencias a nivel mundial. Sólo en 2019 acabaron con una docena de vendedores, aunque no siempre salen bien las cosas.
Aceptó pagar 40.000 euros y cesar actividad, pero no lo hizo
El año pasado, BREIN consiguió que una persona dedicada a vender decodificadores preconfigurados para ver IPTV pirata perdiera las páginas a través de las que vendía sus servicios. Este fue condenado a pagar 40.000 euros de multa, además de comprometerse a cesar su actividad. Sin embargo, poco más tarde se detectaron dos páginas web más en las que el demandado estaría detrás.
De vuelta a los juzgados, BREIN ha vuelto a pedir que cesen las actividades de esta persona y que deje de ofrecer suscripciones piratas a través de Internet. La agencia antipiratería presentó pruebas contra esta personas, incluyendo cuentas de PayPal que confirmaban que seguía operando. Además, la novia del demandado tenía un canal en YouTube con el mismo vídeo que utilizaba para anunciar sus servicios. En estos vídeos se incluía una dirección de correo electrónico de ProtonMail, idéntica a la utilizada en primer lugar.
Por todo ello, la justicia ha dictado una orden contra el sujeto para que deje de proporcionar acceso a contenido protegido por derechos de autor. De no hacer, se enfrenta a una multa de 10.000 euros al día con un máximo de medio millón de euros en total. Además, debe pagar las costas judiciales valoradas en 7.400 euros salvo que pueda probar su inocencia.