El Gobierno actualiza el Decreto Anti-Huawei y causa malestar entre las operadoras

Aunque por sus implicaciones lo conocemos como Decreto Anti-Huawei, en realidad hablamos del Real Decreto de Ciberseguridad 5G, el cual tiene una importancia crítica para que el Gobierno se asegure que la implantación de esta red se lleva a cabo de una manera adecuada. Su objetivo pasaba por controlar que los proveedores chinos no se asentaran en este sector, pero también juega un papel importante a otros niveles. Los cambios incorporados en la última reforma demuestran que el Gobierno se lo toma muy en serio.

Más poder para el Gobierno

La misión que ha tenido esta reforma del decreto ha consistido en proporcionarle al Gobierno un mayor poder de actuación a la hora de asegurar la seguridad y calidad de la expansión de las redes 5G. Según declaraciones del Ejecutivo a El Mundo, que se trata del periódico que ha publicado la noticia, la modificación del decreto tiene como interés el dotar de instrumentos jurídicos con los que el Gobierno pueda afrontar los distintos retos que plantea el mercado actual con un mayor volumen de garantías.

Para ello, el Ministerio de Transformación Digital tiene un nuevo poder de decisión y supervisión por el cual tendrá voz a la hora de dar su aprobación a los operadores que van a ofrecer sus servicios y redes. Entre otras cosas, el Ministerio podrá decidir que una operadora no tiene una red que pueda garantizar la estabilidad del servicio y así evitar problemas de Internet o que no cuenta con una que alcance los objetivos de diversificación. Para ello, el Ministerio se tendrá que reunir previamente con las partes implicadas en la situación.

Un trámite adicional para operadores

Más allá de la teoría de lo que supone esta reforma, lo importante que se añade en la misma es la incorporación de un nuevo trámite por el cual los operadores van a tener que pasar. Así, a partir de ahora, los operadores del sector de las telecomunicaciones que tengan la intención de llevar a cabo la instalación, adaptación o modificación de estaciones radioeléctricas en ubicaciones estratégicas, tendrán que pedir permiso.

Si bien la introducción de esta medida no debería resultar un gran problema a mayores, lo que no ha sido recibido con buenas impresiones es que el periodo que tiene el Ministerio para responder a estas peticiones es de un plazo de tres meses. Se teme que este amplio plazo derive en que se retrase la expansión de las redes 5G y que afecte a la forma en la que las operadoras comercializan sus servicios. No obstante, tampoco hay que dejar de lado que se habla de un periodo máximo de tres meses y que, por lo tanto, esto no tiene que significar que vaya a ser siempre el tiempo que el Ministerio tarde en responder.

Lo que sí se especifica en la reforma es que, si el Ministerio no da ninguna respuesta sobre las peticiones que se realicen, se tendrá que entender que la respuesta es negativa. Al margen de esto, no termina de convencer a las operadoras que el Ministerio no termine de especificar a qué se refiere cuando hace uso del término «emplazamientos estratégicos». De momento se ha hablado sobre centros de actividades esenciales, Defensa Nacional o centrales nucleares, pero en general se critica que resulta un aspecto poco concreto y demasiado ambiguo, al menos en estos momentos.

Junto a este nuevo trámite, en lo que tienen que concentrarse las operadoras en estos momentos es en preparar la estrategia de diversificación del 5G con la que trabajan. Desde Transformación Digital se les ha encomendado a todas las entidades que hagan la presentación de este informe con fecha límite del 1 de octubre de 2024. En la elaboración de esta estrategia, eso sí, las operadoras podrán beneficiarse de uno de los cambios incorporados: que ya no sea necesario contar con dos proveedores diferentes en sistemas de control y gestión o en el núcleo de red. Eso sí que ha sido recibido con los brazos abiertos.