Al menos esto es lo que dice una de las personas a las que se tomó declaración. Por alguna razón, la Policía tardó más de diez días en dar la noticia y la hizo coincidir con otra operación muy diferente contra la pornografía infantil. La denuncia se ha basado, según la policía, en que las páginas cerradas ofrecían descargas con ánimo de lucro (se habla de forma genérica y algo confusa de 900.000 euros en ingresos). Imputan a los detenidos un delito contra la propiedad intelectual.
Informativostelecinco.com ha hablado con uno de los llamados a declarar (a partir de ahora XML) que prefiere mantenerse en el anonimato. Afirma que la nota apareció, al menos, diez días después de los hechos, coincidiendo con otra que hablaba de otras trece detenciones por motivos bien distintos: la pornografía infantil. Una coincidencia, remarca, «sospechosa».
XML Insiste en que, tal y como adelantó el periodista Ignacio Escolar hace unos días, «el día de la difusión, no había nadie declarando» y estima que «las últimas detenciones se produjeron once días antes». A lo sumo, éstas consistieron, según la misma fuente, en una toma de declaración que, en algunos casos, «se extendió a lo largo de más de cinco horas».
Aclaraciones de la Policía sobre la nota publicada
Fuentes de la Policía han declarado que ambas notas «no tienen nada que ver» y achacan su coindidencia en el tiempo a «los envíos conjuntos de la Brigada de Investigación Tecnológica» descartando así ningún interés especial por relacionar ambas noticias.
Reconocen a su vez que las detenciones fueron anteriores, aunque no especifican la fecha, y afirman que «no hubo ningún motivo especial en el retraso de la información, depende del volumen de trabajo acumulado y de la fecha de llegada de la nota». Las mismas fuentes aseguran que, antes de lanzar una información «suele esperarse a tener varias detenciones y, además, se hace de este modo para no «levantar la liebre»».
El porqué de la operación
En opinión de XML, la operación parece hecha para «meter miedo a la gente» y cree que tras ella existe una clara voluntad política, apunta, «en sintonía con las gestoras», en referencia a las asociaciones que gestionan los derechos de la propiedad intelectual.
Las asociaciones de internautas criticaron con dureza la nota policial porque daba por supuesta la culpabilidad de los «detenidos» y tachaba de ilegal una práctica que, hoy por hoy, según ellos, no lo es.
En concreto, se quejan de la relación que establecía la nota entre una detención por un supuesto delito contra la propiedad intelectual y la supuesta ilegalidad de bajar contenidos a través de estas redes P2P.
Apuntan que todavía no se ha detenido a nadie en nuestro país por descargar ningún contenido a través de estas redes ni ningún juez ha considerado que sea constitutivo de delito facilitarlo, que es, supuestamente, lo que hacían las 17 webs para las que la Policía solicitaba al juez su clausura.
Confusión
Con independencia de su polémico contenido, la difusión de la nota consiguió que muchos se preguntaran si era ilegal descargar música a través de las redes P2P. Al mismo tiempo, se levantó un complicado debate sobre si ofrecer enlaces a contenidos multimedia es o no es delito.
La nota policial señala que estas páginas de Internet «se estaban dedicando al intercambio ilegal de archivos P2P, ofreciendo descargas piratas de películas, música, juegos y aplicaciones informáticas y financiándose a través de la publicidad alojada en estas páginas».
Según apunta Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, éste no puede ser el motivo del delito porque «ofrecer enlaces no es ilegal».
Los polémicos datos de la operación
La policía facilitó los siguientes datos sobre las páginas clausuradas y sobre el número estimado de pérdidas y descargas a través de las redes P2P: «La copia de productos musicales destruyó 1.200 empleos directos y provocó una caída en las ventas en el año 2003 respecto al 2001, que rondaba el 30%.» Y añadió que «el mercado legal de las redes de intercambio de descargas de música ha alcanzado la cifra de tres millones de transacciones, cantidad irrisoria frente a los 350.000.000 de descargas ilegales de la red en nuestro país.»
Victor Domingo por su parte, piensa que estos datos «son absolutamente estrambóticos y no responden a la realidad». Asegura que, para medirlos, sería necesario vulnerar el derecho a la privacidad de los usuarios y observar los movimientos de todos y cada uno de ellos. Además, los juicios de valor apuntados por la Asociación de Internautas son fácilmente localizables.
Como ya hemos dicho, se maneja la cifra de 900.000 euros en ingresos publicitarios y de 615 millones de visitas entre las 17 páginas clausuradas. Nuestro entrevistado afirma que «no son ciertos» y que «no sabe de donde han sacado los datos de ingresos o los de descargas» aunque piensa «que sólo pueden proceder de las gestoras».
Fuentes policiales han confirmado a Informativostelecinco.com que «los ingresos se calculan por el ratio de visitas estimando a cómo se paga la publicidad».
La actuación de los medios
La mayoría de los medios de comunicación utilizaron únicamente la nota policial como base de sus informaciones. Algunos relacionaron directamente la actuación contra las descargas y las detenciones sobre pornografía. Los datos ofrecidos por la Policía sobre el volumen de las descargas fueron aceptados sin contrastarlos con otras fuentes.
Sobre la actuación de los medios, XML prefiere no opinar, aunque considera que la actitud generalizada fue la de «cortar y pegar sin contrastar la información». Además, considera que «no se diferenció suficientemente esta información» de la citada antes sobre la pornografía infantil. XML afirma no saber todavía por qué está imputado, ni de qué se le acusa: «Estoy intentando entenderlo con la ayuda de mis abogados». Aunque la nota policial deja claro que se trata de un delito contra la propiedad intelectual y, en un caso, de obstrucción a la justicia. Sea como fuere, admite que está nervioso, como lo están otros ante la posibilidad de que la Policía considere ilegal una práctica -las descargas de música- tan extendida como legal, según la Asociación de Internautas.
